Un anciano de Nebraska acusado de haber prestado su nombre a un entramado de empresas que llevaba a EE.UU. a trabajadores ilegales tratará de evitar su juicio bajo el argumento de que ayudó a los necesitados por convicciones religiosas, reveló este martes su abogado.
El septuagenario John Good, residente en la localidad de O’Neill, enfrenta numerosos cargos federales por haber ayudado a Juan Pablo Sánchez-Delgado y a la esposa de éste, Magdalena Castro Benítez, a «esconder bienes y propiedades» de las autoridades y a ocultarse de los agentes federales de inmigración.
Sánchez-Delgado, su esposa y otros 15 miembros de la familia fueron detenidos en julio de 2018 junto con unos 100 indocumentados cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó un operativo en O’Neill, una localidad de poco menos de 4.000 habitantes ubicada a 62 millas (100 km) al noroeste de Lincoln, la capital de Nebraska.
Además de un restaurante puesto a nombre de Good, Sánchez-Delgado había abierto una agencia de empleo temporal que, según ICE, servía de pantalla para una «red de tráfico de personas» y de «explotación de inmigrantes», con hasta 150 víctimas.
Sin embargo, para el abogado de Good, David Domina, su cliente se mantuvo ajeno a todos esos ilícitos y su accionar con la pareja de mexicanos se basó en la parábola del Buen Samaritano que se encuentra en los evangelios cristianos e insta a ayudar a personas en serios apuros.
Esto, apuntó el jurista, aunque se trate de personas de otra cultura, etnicidad o religión.
Por tal motivo, Domina recientemente argumentó ante el juez federal John Gerrard que Good «seguía las creencias básicas de su fe», algo que «el jurado debería tener en cuenta» si es que el caso llega a juicio a partir del próximo 16 de septiembre.
«El Sr. Good no alojó, ni conspiró, ni escondió, ni ocultó, no lavó dinero. Él vive las convicciones cristianas por haber crecido en esa fe», declaró Good al medio local Fremont Tribune.
«Ahora el Gobierno afirma que las creencias religiosas del Sr. Good, cuando se expresan activamente en la vida, son crímenes», enfatizó.
Según el abogado, Good no obtuvo nada por sus acciones, excepto «la satisfacción de haber ayudo a una pareja y el orgullo de su éxito».
Domina dijo que el único crimen de Good fue «permitir que sus amigos administrasen su restaurante», aunque reconoció que su representado nunca verificó la situación inmigratoria de esos amigos (Sánchez-Delgado y Castro Benítez), como tampoco lo hace cuando abre la iglesia para alojar a un viajero cansado o le da dinero a una persona para comprar gasolina.
Por su parte, la fiscal federal asistente Lesley Woods formalmente pidió que el juicio contra Goods continúe como está previsto y que no se le permita hablar de su fe como argumento de defensa.
«El ser cristiano no provee un escudo constitucional para conspirar y para ayudar a indocumentados», sostuvo Woods .
En agosto último, el juez federal en Kansas Carlos Murguia dictaminó que la ley que criminaliza ayudar a indocumentados o animarlos a ingresar a Estados Unidos es inconstitucional, anulando así casos de personas acusadas de haber ayudado a inmigrantes sin presencia legal en el país.
La ley ahora considerada inconstitucional se usó contra Sánchez-Delgado, quien podría ser condenado a 10 años de prisión y pagar una multa de hasta 250.000 dólares.