¡Tubazo! Hijo de primera dama de Venezuela también es investigado por narcotráfico

Fuentes familiarizadas con el caso dijeron a el Nuevo Herald que Walter Jacobo Gavidia, hijo del primer matrimonio de Flores, es buscado por la justicia estadounidense bajo sospecha de que también está involucrado en actividades de narcotráfico.

Gavidia, quien es juez noveno de primera instancia del área Metropolitana de Caracas, llevaba algún tiempo figurando en el radar de las autoridades estadounidenses, luego que algunos de los testigos de los casos que son investigados lo vincularan con presuntos envíos de droga en aviones del Estado venezolano.

Al cierre de esta edición, el gobierno de Venezuela no había respondido a la solicitud de comentarios de algún portavoz oficial.

Las fuentes, con conocimiento de la operación que condujo al arresto en Puerto Príncipe y que pidieron no ser identificadas, también señalaron que las autoridades de Estados Unidos han procesado nuevas órdenes de arresto contra otros venezolanos.

“Ya se han emitido otras órdenes de arresto en el caso que están selladas. Hay más gente involucrada en el caso”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

Las revelaciones se producen pocos días después que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) detuviera en Puerto Príncipe a dos sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, quienes son acusados de conspirar para exportar 800 kilos de cocaína de alta pureza.

Según las fuentes, ambos jóvenes conversaron extensamente con los agentes estadounidenses después de ser arrestados, brindando amplios detalles sobre cómo operaba la red de narcotráfico, y terminando por aportar algunas piezas importantes del rompecabezas sobre las operaciones de lavado de dinero.

Los sobrinos de Flores fueron arrestados al término de una operación encubierta de la DEA que llevaba ocho meses en ejecución.

Los jóvenes declararon inicialmente que la droga pertenecía al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pero la versión fue desmontada rápidamente por los agentes pese a que el funcionario venezolano también está siendo investigado en Nueva York por narcotráfico.

Los jóvenes luego testificaron que la droga pertenecía al gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami.

Ambos, El Aissami y Cabello, son señalados en las investigaciones que se realizan en Estados Unidos como dos de los principales pilares del tráfico de droga en Venezuela.

Los jóvenes comenzaron a hablar pese a que inicialmente se les advirtió que ese testimonio podría ser usado en su contra, luego de que trataran de evadir el arresto declarando que contaban con pasaportes diplomáticos y que por ende disfrutaban de inmunidad.

“Al explicárseles que en la situación en que ellos se encontraban el pasaporte diplomático no les brindaba inmunidad, es que ellos comenzaron a dar nombres”, dijo la fuente.

Los sobrinos de la pareja presidencial hablaron por horas. Uno de ellos incluso lloró arrepentido dentro del avión, agregó.

Observadores consultados señalaron que las autoridades han logrado armar un caso muy sólido contra los dos jóvenes.

“El caso es devastador”, señaló Félix Jiménez, quien llegó a ocupar el tercer puesto en importancia en la DEA antes de pasar a retiro.

“Casi todas las conversaciones con ellos durante la operación encubierta fueron grabadas tanto en video como en voz. Si fue una reunión, esa reunión fue grabada en video, si fueron unas conversaciones por teléfono, esas conversaciones fueron grabadas. El caso es sumamente fuerte”, explicó Jiménez.

Ante ese grado de evidencia, la única esperanza que podrían tener los jóvenes para reducir la condena sería cooperar con la fiscalía, para ayudar a enjuiciar a personas de mayor peso dentro de las operaciones de narcotráfico.

“Si ellos no tienen nada que traer a la mesa de negociaciones, evidencias o información que sirva para demostrar quiénes están detrás de todo esto. Ni la DEA, ni el fiscal, van a negociar con ellos”, dijo Jiménez.

Aunque se desconoce si los jóvenes tendrían algo nuevo que aportar, de cooperar, tendrían que brindarlo todo para poder reducir una condena que de otra manera podría sumar dos o tres décadas.

Jiménez dijo que es poco probable de que reciban la condena máxima de cadena perpetua, incluso si no tienen nada para negociar con el fiscal.

“En mi experiencia, yo no he visto a nadie que lo condenen a cadena perpetua por este tipo de delito, pero si podrían estar enfrentando 20 o 30 años”, dijo.