Como un componente de su estrategia contra los inmigrantes sin documentos, la Administración de Donald Trump anuló los acuerdos que mantenía con decenas de entidades responsables de los trámites legales de los menores sin padres.
El Gobierno de Estados Unidos ha implementado una medida que deja sin defensores legales a aproximadamente 26.000 menores de 18 años que han arribado al país en años recientes.
Además de la anulación del acuerdo, los abogados que representan las causas de los menores no acompañados en los juzgados también han recibido amenazas legales si optan por seguir con sus litigios contra el Gobierno con el fin de que sus abogados se mantengan en Estados Unidos.
#EN6 | La administración de Donald Trump ha recortado el financiamiento de un programa que brindaba asesoría legal a más de 26,000 niños inmigrantes no acompañados. Expertos advierten que la medida los deja en vulnerabilidad ante un sistema migratorio complejo.
Vía: Lissette… pic.twitter.com/JacdBc0H0u
— El Noticiero (@elnoticiero_6) March 26, 2025
“Todavía no creo lo que está pasando”, aseguró la abogada hondureña, Cristel Martínez, quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. “Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo”, señala Martínez, quien lleva 26 años en el país.
Martínez y su equipo legal llevan los casos de 325 menores en la ciudad estadounidense de Los Angeles. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, señala la jurista.
La mayoría de sus clientes arribaron al país en el año 2022, en el mandato de Joe Biden. Otros lo realizaron posteriormente. Dentro de sus abogados se encuentra una niña de once meses, que no habla y no mantiene contacto con su abogado. Además, existen algunos de cinco o siete años. Algunas personas tienen 17.
La anulación del financiamiento a cientos de entidades y envíos interrumpe una costumbre de 20 años. En 2005, el Congreso adoptó, con respaldo bipartidista, la Ley de salvaguarda de los menores migrantes sin acompañamiento.
Esta regulación estableció los cimientos para que el sistema de inmigración de Estados Unidos no afectara a los más vulnerables. La legislación responsabilizaba a los refugiados recién llegados a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que a su vez está subordinada al Departamento de Salud y Servicios Humanos, actualmente liderado por el activista antivacunas Robert F. Kennedy.
La legislación evita el traslado de los menores migrantes a centros de reclusión para adultos o delincuentes de juventud. Además, dicta que el Gobierno de Estados Unidos es responsable de dicho establecimiento. “no debe repatriar a menores en su custodia a escenarios donde sus vidas corran peligro”.
El propio texto contempla que esta defensa puede hacerse a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el trato de niños migrantes.
Todo eso cambió el pasado viernes, cuando la Administración Trump informó que suspendía los recursos y fondos que mantienen con vida a decenas de miles de expedientes en el sistema judicial.
La medida fue tomada una semana antes del fin del contrato, que expira este viernes, pero se había renovado continuamente desde 2005.
Al quedarse sin financiamiento, los abogados no tendrán acceso a intérpretes para sus clientes. La enorme mayoría no habla inglés y proviene de Centroamérica, África, Asia y Medio Oriente.