Los tribunales de Nueva York registraron el miércoles centenares de demandas civiles por agresión sexual a menores, en virtud de una nueva ley que, durante un año, permite a las presuntas víctimas pedir una reparación sin importar cuándo sucedió el delito.
El estado de Nueva York ratificó en febrero la Child Victims Act (ley de niños víctimas), para alegría de asociaciones de víctimas y a pesar de que la Iglesia católica luchó durante mucho tiempo contra su aprobación.
La nueva norma concede un período extraordinario de un año, a contar a partir de este miércoles, durante el cual no aplica la prescripción del delito.
Aún se desconoce la cantidad exacta de demandas presentadas el miércoles en los múltiples tribunales de este estado de 20 millones de habitantes, de los cuales siete millones son católicos.
El abogado Jeff Anderson, especializado en la defensa de víctimas de delitos sexuales, aseguró que su firma interpuso más de 200 demandas en nombre de presuntas víctimas de la Iglesia, además de otras contra líderes de los Boy Scouts, profesores y médicos.
«Es un gran momento para los valientes sobrevivientes que han esperado tanto tiempo para obtener justicia en Nueva York», dijo. «Tienen la posibilidad de recuperar el poder que les fue quitado cuando eran niños y así comenzar su curación».
«Nunca me imaginé que este día iba a llegar», indicó un de las clientes del abogado, Jeanne Marron, quien aseguró que una maestra la agredió sexualmente en su escuela secundaria católica en la década de 1970, cuando tenía 15 años.
Se espera tal aluvión de casos que las autoridades han designado 45 jueces, 12 de ellos en la ciudad de Nueva York, específicamente para tratarlos, informó el jefe de los tribunales del estado en un comunicado.
Estos casos son «muy importantes, plantean muchos aspectos legales y deben juzgarse de la manera más coherente y rápida posible», dijo.
Más allá de este plazo de un año, la nueva ley extiende la prescripción de los delitos de agresión sexual a menores: las presuntas víctimas ahora tendrán hasta los 28 años, en lugar de los 23 de antes, para interponer una demanda contra sus agresores por la vía penal, y hasta los 55 por la civil.