Con o sin referendo. La Generalitat tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide que se celebre la consulta para la independencia, prevista para finales de septiembre o principios de octubre.
El diario El País tuvo acceso al borrador secreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica, la conocida como ley de ruptura. Cataluña aspira a funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlament para poner en marcha un proceso constituyente que desembocara en la “república parlamentaria” de Cataluña. “Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”, afirma la disposición final del borrador.
Varias veces se refiere a sí mismo el borrador como “ley fundacional”, y a lo largo de sus páginas se especifica de manera exhaustiva, entre otras cosas, quiénes serían ciudadanos catalanes y cómo sería posible obtener la nacionalidad; qué leyes españolas permanecerían en vigor y cuáles dejarían de estar en vigor automáticamente; cuál sería el destino de los funcionarios de la Administración General del Estado que residan en Cataluña; qué pasaría con los contratos de obra o servicios públicos firmados por el Gobierno central y con los inmuebles propiedad del Estado español.
La mayoría independentista del Parlament impuso ya una reforma del reglamento que permitiría la aprobación exprés del texto en trámite de lectura única. En apenas 48 horas, sin capacidad de reacción por parte de la oposición, la independencia se pondría en marcha.
Los autores de este borrador dan por descontados actos y realidades jurídicas y materiales de enorme trascendencia y complejidad, como que la nueva república seguiría formando parte de Europa, que las prestaciones sociales como el paro o las pensiones estarían garantizadas o que todos los impuestos —y las sanciones por su incumplimiento— pasarían a depender íntegramente del Govern.
Bajo la lógica constituyente de los redactores, ninguna de estas disposiciones infringe la legalidad porque, como dice el segundo artículo, sostienen que “la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado”.
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