La frontera sur de Estados Unidos vivía una jornada de suspenso el martes en torno al futuro de las restricciones al asilo desde que la Corte Suprema emitió una orden temporaria para mantener en vigencia los límites a la migración dispuestos en la época de la pandemia.
Estados de tendencia conservadora obtuvieron un respiro —que podría ser breve— en su intento de mantener vigente una medida conocida como Título 42 que permite a las autoridades expulsar a muchos pero no a todos los solicitantes de asilo. En una apelación de última hora a la Corte Suprema, argumentaron que el aumento brusco de la cantidad de migrantes afectaría a servicios tales como la seguridad pública y los servicios de salud, y advirtieron que podría haber una “calamidad sin precedentes” en la frontera sur.
El magistrado presidente, John Roberts, accedió a un aplazamiento y pidió al gobierno del presidente Joe Biden que responda antes de las 5 de la tarde (2100 GMT) del martes. Las restricciones caducan el miércoles.
El Departamento de Seguridad Nacional reconoció la orden de Roberts y dijo que continuará con los “preparativos para manejar la frontera de manera segura, ordenada y humanitaria cuando caduque la orden de salud pública Título 42”.
Bajo esa orden, vigente desde marzo de 2020, Estados Unidos negó en 2,5 millones de ocasiones a los migrantes el derecho a solicitar asilo consagrado en el derecho estadounidense e internacional, con el argumento de impedir la propagación del COVID-19.
Al acercarse el momento de decidir los próximos pasos, crecen las presiones en poblaciones a los dos lados de la frontera sur de Estados Unidos.
En El Paso, el alcalde demócrata Oscar Leeser advirtió el lunes que los refugios al otro lado de la frontera en Ciudad Juárez tienen agotada su capacidad y unos 20.000 migrantes se aprestan a entrar en Estados Unidos.
A pesar de la orden de la corte, la ciudad de El Paso se apresuró a ampliar su capacidad para recibir migrantes al instalar refugios en grandes edificios, y la Cruz Roja traía 10.000 camas.
Las restricciones del Título 42 se han aplicado a todas las nacionalidades por igual, pero han afectado de manera desproporcionada a los migrantes de países que México ha acordado recibir: Guatemala, Honduras, El Salvador, más recientemente Venezuela y el mismo México. AP