La Justicia Especial para la Paz (JEP) pidió este viernes a la Policía y a la Interpol capturar al ex jefe de las FARC Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, por incumplir tres citaciones del alto tribunal y no contribuir “al éxito de la reincorporación” de los guerrilleros que dejaron las armas.
En su primera decisión desde que comenzó a funcionar en enero del año pasado, el alto tribunal ordenó a la “Policía Nacional de Colombia capturar a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga para ser puesto a disposición de la Sala de Reconocimiento Verdad y Responsabilidad”.
En ese sentido, el presidente colombiano, Iván Duque, ordenó a las autoridades “avanzar en la captura de alias ‘El Paisa’ porque ese criminal debe responder a la justicia y no más burlas porque los colombianos queremos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”.
Según la magistrada Catalina Díaz Gómez, que leyó la providencia al término de la audiencia pública, “El Paisa” también perdió los beneficios de libertad condicional y el auxilio económico otorgado por el Gobierno colombiano a los desmovilizados.
Las decisiones se sustentaron en que entre las condiciones para que los excombatientes gozaran de los beneficios jurídicos estaban la garantía de no repetición y el compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas.
Las anteriores no fueron cumplidas por “El Paisa”, que pasa a ser uno de los hombres más buscados porque la orden de captura también fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Referente al auxilio económico, hace dos semanas el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, dijo a periodistas que Velásquez ha cobrado hasta el momento 12 millones de pesos (unos 3.817 dólares) por su proceso de reincorporación.
Pese a que Velásquez perdió beneficios, la JEP no lo expulsó del sistema porque no se ha probado que haya vuelto a las armas, una conducta “muy grave” para quien ha firmado el acta para acogerse a la justicia transicional.
La audiencia se realizó porque Velásquez no atendió las citaciones de la JEP en las que se le pedía información sobre las actividades realizadas cuando era guerrillero y las acciones de reincorporación que realizó en la zona veredal a la que fue trasladado.
Las autoridades y el propio partido FARC dicen desconocer el paradero de Velásquez, quien hasta agosto pasado lideraba en el caserío de Miravalle, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento Caquetá (suroeste), la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros de la antigua columna Teófilo Forero que él encabezó.
Además de no rendir informes sobre sus actividades, Velásquez es uno de los 31 exjefes guerrilleros que fueron citados en octubre pasado por la JEP dentro del proceso conocido como el Caso 001, basado en el informe presentado por la Fiscalía colombiana denominado “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”.
La comparecencia de los implicados es obligatoria y además se exige que digan la “verdad plena” sobre su participación directa o no en la planeación y ejecución de los hechos y conductas relatados en los informes sobre secuestros.
La JEP le abrió, el pasado 25 de octubre, un “incidente de verificación” a Velásquez para determinar su cumplimiento con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En agosto pasado, el alto tribunal ya había abierto un “proceso de desacato” contra Velásquez ya que fue el único de los 31 excomandantes de la antigua guerrilla que no entregó informes sobre las actividades que estaba realizando para contribuir al esclarecimiento de los secuestros cometidos por las FARC.
La columna móvil Teófilo Forero, que dirigió “El Paisa”, era una de las más sanguinarias de las FARC y se le atribuyen ataques como el asesinato el 29 de diciembre del 2000 del congresista Diego Turbay Cote, su madre y cinco personas más en una emboscada en una carretera del sureño departamento del Caquetá.
Es responsable también del secuestro en abril de 2002 de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca, 11 de los cuales fueron asesinados en cautiverio cinco años después.
Igualmente del atentado contra el club El Nogal de Bogotá en febrero de 2003, que le costó la vida a 36 personas y dejó heridas a más de 200, así como una cadena de ataques con decenas de muertos y heridos principalmente en el sur del país.
Finalmente, las autoridades señalan a la Teófilo Forero como responsable del asesinato el 27 de febrero de 2006 de nueve concejales que estaban reunidos en un restaurante del municipio huilense de Rivera, en el suroeste del país.