La ira de los sindicatos aumenta en Francia y llaman a extender las protestas luego de que la Administración de Emmanuel Macron optara este 16 de marzo por aprobar la reforma pensional, que busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, sin la votación de la Asamblea Nacional con el uso del artículo 49.3. El Gobierno tomó la decisión al no contar con la garantía de obtener los sufragios necesarios en la Cámara Baja, horas después de que la medida fuera avalada en el Senado, donde la derecha cuenta con mayoría.
Momento decisivo en Francia. El Ejecutivo eligió no someter el texto de la reforma a las pensiones a votación tras un consejo de ministros celebrado el jueves por la tarde en el Elíseo, según confirmó el Gobierno.
El presidente Emmanuel Macron optó por aprobar la ley sin votación con el uso del artículo 49.3 de la Constitución, un polémico recurso con el que podría avalar la norma por encima de las votaciones en el Legislativo.
Bajo los abucheos de la oposición, la primera ministra Élisabeth Borne anunció la decisión con la que activa una cláusula constitucional rara vez utilizada en asuntos políticos y que aviva las voces de rechazo dentro y fuera del Legislativo.
“No podemos apostar el futuro de nuestras pensiones. Esta reforma es necesaria. Estoy apegada a nuestro modelo social y creo en la democracia parlamentaria. Es su reforma, el texto es fruto de un compromiso entre las dos asambleas en el Parlamento, por eso estoy dispuesta a asumir mi responsabilidad con fundamento en el artículo 49, párrafo 3 de la Constitución (…) Comprometo la responsabilidad de mi Gobierno sobre el conjunto del proyecto de ley, señaló Borne.
La reforma apunta a adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para obtener una pensión y no 42 años como ocurre hasta ahora.
Asimismo, el texto eliminaría los privilegios de jubilación que disfrutan algunos empleados del sector público, como los trabajadores del Metro de París.
¿Qué implicaciones acarrea la activación del artículo 49.3?
Los parlamentarios podrían frenar ese procedimiento si aprueban una moción de censura contra la Administración, que, dada la composición actual del Parlamento francés, el Ejecutivo podría perder.
Los diputados de la coalición presidencial disponen de una mayoría relativa, y los diputados de extrema izquierda a extrema derecha tendrían que ponerse de acuerdo para desautorizar al Gobierno.
Por lo pronto, la opositora política y líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, anunció que presentará una moción de censura contra el Gobierno de Macron.
«Esperamos que los que iban a votar en contra de esta reforma de las pensiones voten esta moción de censura. Por nuestra parte, presentaremos una moción y votaremos a favor de todas las mociones de censura que se presenten», añadió, aclarando que el uso del 49.3 «es una admisión de fracaso total de Emmanuel Macron» así como una «extraordinaria admisión de debilidad» del Gobierno.
En una reunión que el mandatario sostuvo con la primera ministra y varios ministros, en la víspera de la trascendental votación, Macron había adelantado que cerraría la Cámara Baja y convocaría a nuevas elecciones legislativas.
De lograr un resultado positivo, el mandatario obtendría una mayoría parlamentaría y formaría un nuevo Gobierno, que le ampliaría la gama de apoyos para sacar a flote sus proyectos.
En caso de un espaldarazo, Macron daría un contundente paso para cumplir sus promesas de reactivar la economía y asegurar un sistema de pensiones que según señala sería “más justo”, aunque con el alto costo del inconformismo social.
Pero un voto negativo representaría el mayor fracaso de Macron desde que llegó a la Presidencia por primera vez en 2017 y supondría un mal augurio para el resto de su actual periodo de Administración de cinco años.
Dos de cada tres franceses se oponen a ese cambio, según indican varios sondeos.
El texto final de la reforma fue aprobado en el Senado
Más temprano, el Senado había aprobado el texto definitivo de la reforma de las pensiones y la decisión final pasó a manos de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, donde no era seguro que la disposición fuera aprobada.
Con 193 votos a favor y 112 en contra, la controvertida medida, que busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, pasó la primera gran instancia legislativa.
Dos senadores más de los que se esperaban se pronunciaron en rechazo a la norma. Sin embargo, el Gobierno del presidente Emmanuel Macron cuenta en la Cámara Alta con una mayoría que le dio el respaldo a su proyecto bandera, con el que promete fortalecer la segunda economía de la Unión Europea.
Aunque la prueba de fuego pasaría a la Cámara Baja, los planes del Gobierno cambian el panorama. El texto de compromiso, decidido el miércoles 15 de marzo en una comisión conjunta, iba a ser sometido a votación en ese cuerpo legislativo donde el oficialismo no tenía garantías de que fuera aprobado.
El panorama que enfrentaba la reforma en la Asamblea Nacional
Luego de que la alianza centrista de Macron perdiera la mayoría en las elecciones legislativas de 2022, el oficialismo necesitaba incluso del respaldo del opositor Partido Republicano (LR) para sacar adelante su proyecto.
Al interior del LR hay divisiones a favor y en contra de la medida y los legisladores de izquierdas y de extrema derecha se oponen firmemente a la iniciativa de ley con la que el Gobierno espera retrasar de forma progresiva la edad para optar a una pensión hasta 2030, cuando finalmente entraría en vigor el límite de 64 años para la jubilación.
Más allá del proyecto de las pensiones, el presidente Macron, reelegido el año pasado, también se juega la posibilidad de aplicar parte esencial de su programa de Gobierno con el que prometió reactivar la economía del país durante su segundo mandato.
Llaman a nuevas movilizaciones
Se espera que las protestas y huelgas se extiendan. El líder del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, advirtió sobre más movilizaciones, al tiempo que tildó los últimos movimientos del Ejecutivo como un “fracaso espectacular” y el “hundimiento de la minoría presidencial”.
Por su parte el secretario general de la CFDT, Laurent Berger, señaló que «habrá nuevas movilizaciones» contra la reforma de las pensiones, tras denunciar un «vicio democrático» por la decisión del Gobierno de activar el artículo 49.3
El secretario general de la CGT, Philippe Martinez, se sumó a esta postura, al declarar que «hay que intensificar las movilizaciones y las huelgas».
Sindicatos y analistas políticos habían advertido que aprobar la legislación por decreto impulsaría el riesgo de radicalizar a los opositores y privaría al Gobierno de legitimidad democrática.
Con informaciones de Reuters y AFP