Existe una expectativa positiva entre los venezolanos tras la captura y extracción de Nicolás Maduro a una prisión en Brooklyn, Nueva York, sobre todo tras la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos y los esfuerzos realizados por el propio Donald Trump al llamar a invertir en Venezuela a las grandes petroleras del mundo. Eso lo proyectan las encuestas, pero en materia socio-económica, el mayor anhelo de los venezolanos, sin dudas, es que se aumenten los sueldos.
En redes sociales, representantes de los trabajadores de todos los sectores aumentan los decibeles. Monitor Sindical Venezuela, cuenta que profundiza sobre estas exigencias, incrementó las publicaciones con demandas claras, tanto para los dirigentes socialistas tutelados por los Estados Unidos como para los sectores empresariales:
Los precios suben, el Estado recibe más dinero y tu sueldo sigue igual. La cuenta no da. Hoy la lucha es por un salario mínimo de al menos 300 dólares. ¡Por una vida digna para todos los venezolanos, fijen el salario mínimo ya!”, se lee en X.
El ingreso más bajo de América Latina
La ONG Provea denunció que tanto el salario mínimo como las pensiones “permanecen anclados” en 130 bolívares -37 centavos de dólar al cambio oficial-, desde marzo de 2022, pese a los reiterados reclamos sindicales y al deterioro sostenido de las condiciones de vida. “Venezuela solo podrá avanzar hacia el encuentro y la convivencia cuando se reconozcan las necesidades de la población trabajadora y se respeten los espacios de diálogo social”, expresó la organización.
Se trata del ingreso mensual más bajo en toda América Latina.
Y eso se debe a la política salarial del Ejecutivo, con base en decisiones de Maduro, quien se apoyó en el pago de bonificaciones que no inciden en beneficios laborales. Estos complementos suman 160 dólares mensuales -40 por concepto de alimentación y 120 como “ingreso de guerra económica”- y son depositados en bolívares según la tasa Banco Central.
Con el artículo 91 de la Constitución como espada, Provea recordó que el país acumula tres años y diez meses sin ajustes salariales, el período “más largo” registrado en casi tres décadas. La carta magna es contundente en ese apartado: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia la canasta básica, ajustada al costo de la vida”, reza.
Y se calcula que la canasta básica venezolana asciende a USD 550 mensuales.
Solo reformando el Estado
Especialistas en economía advierten, sin embargo, que un incremento de esa magnitud sería “inviable” dadas las limitaciones fiscales del país.
Uno de ellos es Asdrúbal Oliveros, consultor empresarial. “Un trabajador público debería ganar un mínimo de USD 300, sí. Un pensionado debería ganar un mínimo de USD 300, sí. Pero eso es una condición moral”, adelanta en entrevista con el Diario Primicias en la que augura un aumento, en víspera de mayo, en los bonos que ya se conocen.
Oliveros cree que el Gobierno continuará con la dinámica de aumentar los bonos ya conocidos mediante la asignación del sistema Patria, sin hacer ajustes importantes en el salario mínimo oficial. ¿La razón?:
No tienes manera de pagarle bien a un trabajador público, no hay ingreso para eso, con una nómina que se estima en, más o menos, 2.000.000 de empleados públicos y 4.000.000 de pensionados. El Estado, tal como está, no puede pagar buenos sueldos. No hay manera. En el sector público hace falta una reforma del Estado”, sostiene.
Control de expectativas
Para Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis, resulta entendible que las proyecciones de mejora económica para 2026, impulsadas por la apertura petrolera, generen mayores expectativas salariales en una población que viene de años de deterioro severo en su ingreso real.
Sin embargo, León explica que pese a una mayor actividad económica y una reducción de la brecha cambiaria, solo se normalizan los flujos de divisas y se mejora el esquema de subastas del BCV que hoy dificulta planificar, se podrán ver efectos positivos sobre los ingresos. “Pero eso, por sí solo, no alcanza para recuperar la capacidad de compra al nivel que la gente espera”, advierte.
“El verdadero rescate del salario exige una discusión más profunda. La estructura actual de la Ley del Trabajo, especialmente en lo relativo a la retroactividad de las prestaciones sociales, quedó desbordada tras la hiperinflación. En la práctica, ese esquema terminó bloqueando aumentos salariales estructurales, porque su impacto acumulado sobre los costos haría inviable tanto al sector privado como al propio Estado”, agrega.
Según León, ese concepto de prestaciones acumuladas existe más en el papel que en la realidad. “Los trabajadores han visto pulverizarse sus beneficios y salarios mientras las empresas y el propio gobierno evitan ajustes salariales formales para no comprometer su viabilidad. El resultado ha sido el contrario al buscado: menor salario real y menor protección efectiva”, argumenta.
Por ello, el experto en finanzas, apuesta por una discusión nacional seria que permita rediseñar el marco laboral, proteger derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, hacer viable la re-salarialización.
Es un proceso complejo y políticamente sensible. No luce probable que se resuelva en el muy corto plazo. Por eso es previsible que veamos ese año aumentos vía bonos e ingresos complementarios, que ayudan, pero no constituyen todavía la solución estructural que el salario real necesita”, refuerza.
Propuesta con lupa en prestaciones
Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), coincide con Oliveros y León.
La semana pasada durante el Segundo Foro de Jóvenes Líderes, en Caracas, afirmó que Venezuela no podrá avanzar hacia un aumento del salario mínimo mientras no se modifique la legislación laboral vigente.
Roig señaló que el principal obstáculo es el mecanismo de recálculo de las prestaciones sociales, que se calcula con base en el último salario, con retroactividad e indexación. En un contexto inflacionario, explicó, incluso un aumento modesto puede generar obligaciones imposibles de cubrir para empresas con trabajadores de larga antigüedad. “No estamos hablando de eliminar las prestaciones sociales, sino de eliminar el recálculo”, expresó.
Como solución temporal, planteó la aprobación de una Ley de Emergencia Laboral que establezca un período especial en el que los aumentos salariales no incidan en el cálculo de las prestaciones. La medida tendría una duración limitada y estaría vinculada a otras variables que afectan la operación del sector privado.
Roig sostuvo que, con un ajuste transitorio de este tipo, el sector empresarial estaría en capacidad de mejorar los salarios. Recordó que el sector privado desea hacerlo porque un mayor ingreso impulsa el consumo y dinamiza la economía. “Los empresarios privados están deseosos de pagar un mejor salario, pero debemos superar la legislación laboral vigente para hacerlo posible”, sostuvo.