A principios de octubre, una marea humana tomó las calles de Santa Cruz, capital económica de Bolivia e histórico bastión de la oposición. ¿La consigna? Protestar contra la candidatura de Evo Morales a un cuarto mandato y llamar a la «rebelión» en caso de una nueva victoria del mandatario indígena.
Desde entonces, este «cabildo» o asamblea general popular ha sido replicado en otras ciudades generando inquietud en el actual gobierno a unos días de las elecciones, reseñó AFP.
Los organizadores han hablado de movilizaciones masivas, la primera de 1,5 millones de personas, según dijeron, aunque esta cifra no ha podido verificarse.
«Santa Cruz ha vuelto a organizar la lucha en base a la unidad de los bolivianos», dijo Luis Fernando Camacho, presidente del influyente comité Pro-Santa Cruz, que convocó la manifestación contra Morales.
Esta organización de la sociedad civil, fundada en 1950, reúne a representantes de barrios, comercios, transporte y líderes empresariales. A bordo de una 4×4 negra con luces giratorias, Camacho se detiene frente a un hospital para manifestar su apoyo a los médicos en huelga. Acaba de pasar por la sede de la Policía para tener novedades sobre los manifestantes detenidos. La gente se acerca a sacarle fotos y hablar con él.
Su movimiento reclama «primero que nada el voto castigo para Evo Morales por no haber respetado el voto de los cruceños y los bolivianos del 21-F», dice Camacho en referencia al referéndum del 21 de febrero de 2016.
Ese día, 51,3% de los bolivianos dijeron «no» a la propuesta de Morales de cambiar la Constitución para buscar un cuarto mandato. Un año después, esa decisión fue contrariada por un fallo del Tribunal Constitucional que argumentó que el mandatario tenía el «derecho humano» de volver a postularse.
El líder del comité, una organización que se dice «apolítica», enumera la consigna de los cabildos: «El desconocimiento a un posible cuarto mandato de Evo Morales», independientemente de la forma en la que llegue, «convocando a la resistencia civil, a la rebelión».
«Estamos defendiendo la democracia», afirma.
Pragmatismo y habilidad
Considerada tradicionalmente como el bastión de la protesta contra el poder central en Bolivia, la rebelde ciudad de Santa Cruz parecía haberse calmado. Quizás gracias al reciente giro del gobierno, una muestra de pragmatismo económico y habilidad política, resume Daniel Valverde, analista político.
«El gobierno de los últimos tiempos ha ido flexibilizando sus posiciones (…) Al ir despojándose del discurso del socialismo, del indigenismo, el Estado se enrola con los sectores productivos y tiende puentes» a las dirigencias empresariales y los terratenientes, agrega el director del Observatorio Político Nacional.
Entre estas decisiones figura una ley que autoriza este año un aumento de 5 a 20 hectáreas de la deforestación para actividades agrícolas. Destinada a los productores bovinos, la medida apunta a aumentar la producción de carne que actualmente se exporta a China.
Poco después de la entrada en vigor de esta ley, en agosto y septiembre pasados gigantescos incendios arrasaron con una zona de bosques del tamaño de Suiza.
Los defensores del medio ambiente cuestionan estas prácticas, mientras el gobierno señala que los incendios se deben a la sequía, a la violencia de los vientos y a la tala ilegal de árboles.
«A lo largo de estos 194 años de historia compartida no se ha logrado consolidar la nación boliviana, siempre hay esas diferencias regionales fuertes», comentó Paula Peña Hasbun, historiadora y directora del Museo de Historia Regional de Santa Cruz.
«No tenemos evidencias (…) de que haya existido un verdadero movimiento separatista (…) pero sí hemos tenido un sinnúmero de revoluciones que han planteado la necesidad del federalismo, de la descentralización, y en el siglo XXI, la lucha por la autonomía departamental», señaló, aludiendo a un referéndum convocado en 2008 en demanda de una mayor autonomía regional.
En esa consulta el «Sí» resultó claramente vencedor, pero el gobierno central no reconoció el resultado.
El Estado boliviano «es muy andino, muy vinculado a la economía de la minería, esa ecoextractiva, mientras que aquí tenemos una ecoproductiva, más vinculada a la agroindustria. Son visiones de Estado distintas», consideró Peña. AFP