La Guardia Fronteriza del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) este lunes ha incoado varios procedimientos administrativos contra cuatro empresas relacionadas con la organización de la llamada ‘cárcel de ballenas’, descubierta en octubre pasado en la bahía Srédniaya, en la región de Primorie (Lejano Oriente de Rusia), reza el comunicado del FSB divulgado este 28 de febrero.
Las empresas involucradas se dedicaban «a la captura, transporte y mantenimiento de mamíferos marinos» en «condiciones inadecuadas», de acuerdo con las conclusiones de los especialistas encargados de la investigación. Dichas violaciones suponen la imposición de cuantiosas multas para las empresas implicadas.
Los expertos también han señalado la necesidad de liberar a los animales «en su hábitat natural después de una adaptación previa». Actualmente, la ‘cárcel de ballenas’, como la denominaron los ambientalistas, alberga a 11 orcas y 87 belugas.
La existencia de la ‘cárcel de ballenas’ la dieron a conocer en octubre pasado activistas de Greenpeace; los ecologistas informaron de las personas que mantenían las instalaciones querían vender las orcas a una parte interesada en China. Siguiendo los informes, la Fiscalía rusa y el Comité de Investigación han incoado una causa penal sobre la captura ilegal de recursos biológicos acuáticos y crueldad contra los animales.
Desde el Kremlin también están siguiendo el desarrollo de la situación. Así, este 20 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al fiscal general Yuri Cháika «continuar la revisión del cumplimiento de la legislación» en la bahía Srédniaya, e instó al Gobierno a elaborar una lista de requisitos sobre la caza y conservación de mamíferos marinos. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, expresó posteriormente la esperanza de que «el problema de las orcas se resuelva en el menor tiempo posible […] y sean liberadas».