El ejército estadounidense mató el martes a 11 personas a bordo de un barco en el Caribe que el presidente Donald Trump dijo que transportaba narcóticos ilegales y que pertenecía a un cártel de la droga que él designó como una organización terrorista responsable de asesinatos en Estados Unidos.
Por Reuters
PODER PRESIDENCIAL PARA USAR EL EJÉRCITO
Según la Constitución, el poder de declarar la guerra pertenece al Congreso, pero el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y los presidentes de ambos partidos han llevado a cabo ataques militares en el extranjero sin la aprobación del Congreso.
Los presidentes han justificado el uso de la fuerza militar en acciones limitadas en el extranjero cuando era de interés nacional, no estaba restringida por el Congreso y no alcanzaba el nivel de guerra, según un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica, que asesora al presidente.
¿FUE LEGAL EL ATAQUE SEGÚN LA LEY ESTADOUNIDENSE?
Los presidentes generalmente han ordenado ataques contra combatientes enemigos, grupos terroristas como Al Qaeda o militantes como los Hutíes en Yemen, que atacaron barcos estadounidenses.
El ataque del martes marca un cambio radical en el uso de las fuerzas armadas. Trump afirmó en redes sociales que el barco transportaba narcóticos ilegales, cuya interceptación normalmente estaría a cargo de la Guardia Costera estadounidense. Si la Guardia Costera hubiera recibido disparos al intentar detener el barco, sus miembros habrían tenido derecho a defenderse, según expertos legales.
Sin embargo, Trump publicó un video en las redes sociales que parecía mostrar una lancha rápida siendo destruida por un ataque aéreo.
El gobierno no proporcionó ninguna prueba de que Estados Unidos estuviera bajo amenaza inminente de ataque, de que el buque estuviera armado y no identificó objetivos a bordo que fueran cruciales para un ataque terrorista, como lo han hecho presidentes anteriores en ataques similares. El cártel del Tren de Aragua, que según Trump operaba el barco, no está en guerra activa con Estados Unidos de la misma manera que otros grupos terroristas, como Al Qaeda.
A los ojos de muchas personas en todo el mundo, los que estaban en el barco eran civiles y el ataque será visto como una ejecución extrajudicial, dijeron expertos legales.
¿Qué pasa con el derecho internacional?
La Carta de las Naciones Unidas establece que, en la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, los miembros se abstendrán de amenazar o usar la fuerza contra otros países. La Carta también reconoce el derecho de los Estados miembros a la legítima defensa.
Estados Unidos puede argumentar que estaba tomando una acción de autodefensa «anticipada» y Trump dijo que el Tren de Aragua estaba bajo el control del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro .
Sin embargo, eso no se ajusta al derecho internacional sin evidencia de un ataque inminente o de ataques pasados por parte del Tren de Aragua, según expertos legales.
Además, funcionarios venezolanos han cuestionado la actividad del grupo en el país. Expertos legales afirmaron que el derecho a la legítima defensa contra actores no estatales es materia de debate en el derecho internacional.
Funcionarios de la administración Trump afirmaron que el buque se encontraba en aguas internacionales, aunque si hubiera sido un buque con bandera estadounidense, se consideraría que el ataque ocurrió en territorio de ese país. Esto representaría una posible escalada importante. Los funcionarios de la administración no han indicado si el buque tenía bandera estadounidense.
¿QUIÉN PUEDE IMPUGNAR LA LEGALIDAD DEL ATAQUE?
Dado que el régimen de Venezuela y el Tren de Aragua son parias internacionales, los opositores al ataque tal vez no quieran cuestionarlo.
Sin embargo, eso podría cambiar si se llevan a cabo más ataques, como han dicho funcionarios del Pentágono .
Las impugnaciones legales en los tribunales estadounidenses contra la autoridad del presidente para llevar a cabo el ataque probablemente enfrentarán grandes obstáculos. Los tribunales estadounidenses generalmente se remiten al presidente en asuntos de relaciones exteriores y seguridad.
Las familias de las víctimas podrían intentar presentar una demanda civil por daños y perjuicios contra la administración en Estados Unidos, aunque ello requeriría años de litigio potencialmente costoso.
Estos ataques conllevan el riesgo legal de que la administración asesine a un ciudadano estadounidense. La administración del presidente Barack Obama afirmó tener la autoridad para matar a Anwar al-Awlaki , un militante de Al Qaeda nacido en Estados Unidos , por ser el «líder operativo» de una «fuerza enemiga» que representaba una amenaza inminente y continua. El mortal ataque con drones dio lugar a un litigio en Estados Unidos .
El ataque podría ser impugnado ante un tribunal internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha llevado a algunos países a reconocer abusos pasados aunque Estados Unidos no es parte de la corte.
Si bien el ataque podría no dar lugar a desafíos legales exitosos, podría deteriorar las relaciones internacionales de Estados Unidos y dificultar que Washington se asocie con otros países en políticas de drogas e inmigración, dijeron expertos legales.