Líderes republicanos en cuatro estados críticos en los que ganó el presidente electo Joe Biden afirman que no participarán en un plan de dudosa legalidad hacer que los electores de su región voten por el presidente Donald Trump en el Colegio Electoral. Sus declaraciones frustran de facto una trama que algunos republicanos presentaron como la última oportunidad para mantener a Trump en la Casa Blanca.
Legisladores estatales republicanos en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin han dicho que no intervendrán en la selección de los electores que emiten los votos definitivos que garantizan la victoria de uno de los dos candidatos. Esto violaría la ley estatal y el voto popular, apuntaron varios.
“No lo veo salvo que encontremos algún tipo de fraude — del cual no he oído hablar nada. No nos veo abordando seriamente un cambio en los electores”, aseguró Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, de mayoría republicana, quien dijo haber recibido multitud de correos electrónicos pidiendo la intervención de la legislatura. “Están obligados por ley a elegir de acuerdo con el voto popular”.
La idea implica vagamente que las cámaras controladas por el Partido Republicano rechacen la victoria de Biden en el voto popular en sus estados y opten por seleccionar a electores que respaldan a Trump. Aunque el final del plan no estaba claro, parecía descansar en la expectativa de que una Corte Suprema de tendencia conservadora sería la encargada de zanjar cualquier disputa sobre esta medida.
Aun así, ha sido promovida por aliados de Trump como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y es un ejemplo de la información engañosa y las afirmaciones falsas que alimentan el escepticismo de los partidarios del mandatario acerca de la integridad de los comicios.
La teoría se basa en el hecho de que la Constitución de Estados Unidos concede a los parlamentos estatales el poder de decidir cómo se elige a sus electores. Todos los estado aprobaron leyes que delegan este poder en los votantes y nombran a electores que respalden al candidato más votado en su región en la votación. La única oportunidad para que la legislatura intervenga en este proceso es una disposición en la ley federal que lo permite si las elecciones “fracasan”.
Si el resultado de los comicios no está claro a mediados de diciembre, cuando vence el plazo para nombrar a quienes integrarán el Colegio Electoral, las cámaras controladas por los republicanos en esos estados críticos podrían declarar a Trump como ganador y elegir a miembros que los respalden. O eso dice la teoría.
El problema, según apuntan los expertos legales, es que el resultado de los comicios no está de ningún modo en el aire. Biden ganó en todos esos estados en cuestión. Es dificil alegar que la elección “fracasó” cuando el propio Departamento de Seguridad Nacional reportó que no hubo manipulación y que fueron los comicios “más seguros en la historia de Estados Unidos”. Además, no ha habido hallazgos de fraude generalizado ni problemas en el conteo, que da a Biden una ventaja de más de cinco millones de votos en el total nacional.
La campaña de Trump y sus aliados han presentado demandas que buscan demorar la certificación del vencedor y proporcionar posibles pruebas de una elección fallida. Pero hasta el momento han tenido un éxito escaso: al menos 10 fueron rechazadas por los tribunales en los 10 días posteriores al 3 de noviembre. Las más importantes que siguen en pie piden a los tribunales que eviten que Michigan y Pensilvania den oficialmente a Biden como ganador allí.
Pero los expertos legales apuntan que es imposible que los tribunales puedan evitar que esos estados nombren a sus electores antes de la fecha límite de diciembre.
“Haría falta la intervención más injustificada y extraña por parte de los tribunales que este país haya visto nunca”, señaló Danielle Lang, del Campaign Legal Center. “No he visto nada en ninguna de esas denuncias que merezca la pena, menos aún para demorar el nombramiento de electores”.
Incluso aunque Trump gane solo una de las demandas, hay otro obstáculo importante: el Congreso tendría la última palabra para aceptar a los electores propuestos por las legislaturas republicanas. Si la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y el Senado, en manos republicanas, no se ponen de acuerdo sobre qué electores aceptar y en quién se proclama presidente, la Casa Blanca pasaría a estar ocupada por la siguiente persona en la línea de sucesión al final del mandato de Trump y su vicepresidente, Mike Pence, el 20 de enero.
Y esa sería la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara.
“Si se trata de una estrategia, no creo que tenga éxito”, señaló Edward Foley, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Estatal de Ohio. “Creo que estamos en el reino de la fantasía”.
AP