La política migratoria de Donald Trump, desde el polvo de la frontera a los pasillos alfombrados de Washington, está sumida en el caos. Es un proceso de acción-reacción que, en lugar de solucionar el problema de la inmigración ilegal, lo está agravando y suponiendo una nueva crisis de imagen pública para el presidente. La política de «tolerancia cero» en la frontera desde comienzos de mayo supuso la separación de menores inmigrantes de sus familias y un problema humanitario y logístico. La orden presidencial para evitar esta separación ha provocado más confusión.
El cumplimiento de la exigencia de que los niños estén con sus padres parece lejos de cumplirse, por improvisación y errores burocráticos. Hay al menos 2.300 niños menores de doce años separados de sus familias y no parece que su situación vaya a cambiar a corto plazo.
«O el Gobierno no estaba pensando cómo iban a reunir a las familias, o simplemente decidieron que no les importa», aseguró a «The Washington Post» Natalia Cornelio, que trabaja para Texas Civil Rights Project, una organización que trata de poner en contacto a menores y sus familias. De los 300 padres con los que trabajan, solo han localizado a dos niños.
Los testimonios de familias afectadas y sus abogados hablan de teléfonos de atención que no responden, de desinformación sobre la situación de sus familiares y de escasa colaboración de las autoridades para acabar con la separación. «Es un laberinto total», resumía la abogada Jodi Goodwin, que tiene una docena de clientes afectados. En muchos casos, la posibilidad de localizar a menores y a sus padres se tuerce por errores burocráticos: se detiene a familias en la frontera y no se les cataloga como tal en sus expedientes o hay niños que llegan a los centros de detención solos y se les considera que han cruzado el país sin acompañante (lo hacen miles), aunque en realidad lo hicieron con sus padres.
La confusión también llega a cómo deben actuar las autoridades para conciliar la política de «tolerancia cero» y evitar la separación de familias. Los medios estadounidenses han comprobado cómo la policía de frontera han recibido informaciones contradictorias sobre cómo actuar con los inmigrantes detenidos. En un principio, se dijo que se suspendía la detención de familias. Después, que se dejaría de llevar a los juzgados y se les liberaría ante la imposibilidad actual de detener a los padres y no separarles de sus maneras.
Mantener a las familias juntas y no liberarlas supone desafíos logísticos y legales. Por un lado, la jurisprudencia exige que los menores no pasen más de 20 días en detención. Por otro, las autoridades no tienen la capacidad de centros de detención y de procesamiento para el actual flujo de inmigrantes.
El Departamento de Defensa anunció que se habilitarían campamentos militares en Texas y Arkansas con capacidad para 20.000 personas. Pero las explicaciones de las autoridades sobre a quién alojará —menores, familias, adultos— son todavía confusos.
El Congreso vive la misma disfunción que la frontera. Los republicanos, que controlan ambas cámaras, llevan meses tratando de impulsar una reforma migratoria que consiga tres pilares fundamentales: aumentar la seguridad en la frontera, dar una solución a los «dreamers» (los jóvenes indocumentados que fueron regularizados por Barack Obama) y financiar el muro con México que prometió Trump. En la última semana, se ha añadido la necesidad de evitar la separación de las familias. En un nuevo giro del guión, Trump dio un golpe de gracia a esos proyectos legislativos: «Los republicanos pierden su tiempo con la inmigración», aseguró en Twitter, donde abogó por dejar de lado la reforma migratoria hasta después de las elecciones legislativas de otoño, donde espera reforzar sus mayorías y no depender del visto bueno de los demócratas.