El expresidente Rafael Correa quien se encuentra residenciado en Bélgica, fue condenado a ocho años de cárcel por cohecho agravado y pierde todos los derechos políticos en Ecuador durante 25 años.
Rafael Correa fue condenado junto a otros 19 altos funcionarios y empresarios involucrados en una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas.
Tras instalarse la vista del caso conocido como «Sobornos 2012-2016», «la sala declaró su competencia e indicó que no existen nulidades que declarar, y procede al análisis del proceso».
La lectura de la resolución se dio a conocer por el juez nacional Iván León
El principal acusado en el caso es el expresidente Correa (2007-2017) por delito de cohecho agravado en la financiación del partido Alianza País.
El expresidente, que reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, ha calificado «de payasada» el juicio y su defensa ha cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
La etapa de audiencias concluyó el pasado el 6 de marzo, tras 13 días discontinuos de diligencias.
A partir de esa fecha los magistrados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, así como los argumentos de la defensa de los 21 acusados.
En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: «Todo estaba organizado desde arriba», dijo.
Además de la pena máxima de cárcel prescritas en la ley, Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica que ascendería a 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción.
La defensa de los acusados en Guayaquil podrá presentarse por videoconferencia debido al nivel de propagación del virus en esa ciudad.
Por las circunstancias que vive el país se ha limitado el número de personas en las salas a menos de 15 en cada una, y personal del departamento médico de la Corte nacional de Justicia supervisa que se cumpla el protocolo de bioseguridad de la institución para impedir la propagación del COVID-19.
Pese a que en un primer momento se informó de que la vista sería retransmitida por vía telemática, hoy la Corte Nacional reveló que las autoridades judiciales dispusieron lo contrario y dieron a conocer la sentencia mediante un comunicado. EFE