Después de diez días de protestas contra el presidente, el país más pobre de América Latina intenta salir adelante, pero sus desafíos son cada vez mayores
Relegado en la agenda mediática y mientras la región tiene sus ojos puestos en Venezuela , en Haití , el país más pobre de América Latina, la crisis política y social se intensifica.
«Aquí está por haber una emergencia humanitaria. Lo dijo hace algunos días la oficina de Protección Ciudadana, que viene ser al ombudsman del país», resume en una entrevista con LA NACION el embajador argentino en Haití, Pedro Von Eyken.
Es cierto que el panorama se calmó mucho el fin de semana pasado y, como cuenta Von Eyken, «ya no se escuchan disparos, no hay barricadas y volvió el aprovisionamiento de alimentos, agua y combustible». También reabrieron los comercios y los bancos y solo permanecen cerradas las escuelas por miedo a la violencia. Pero lo que se preguntan todos en este país de 10,5 millones de habitantes es cuánto durará la tregua.
Después de diez de protestas, que empezaron el 7 de febrero pasado y provocaron por lo menos nueve muertos, el gobierno lanzó las primeras medidas para intentar frenar la crisis, entre ellas recortar su propio presupuesto un 30% y bajar los precios de los alimentos.
Luego del anuncio las protestas frenaron, pero muchos manifestantes, que están apoyados por partidos de la oposición, dicen que retomarán las calles para lograr la renuncia el presidente Jovenel Moise. Al exempresario bananero de 50 años, que asumió en 2017, lo acusan de no cumplir las expectativas de mejora económica y le exigen justicia por un caso de corrupción en el que está implicado.
En Haití, casi el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza, con 2,41 dólares al día, según cifras del Banco Mundial. Además, con una inflación del 15%, los precios se dispararon en las últimas semanas. El litro de nafta rondaba hoy los 130 gourdes (1,57 dólares), y una lata de porotos costaba unos 580 gourdes (7 dólares).
A la cada vez más precaria condición de vida se suma la indignación por el escándalo del programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo subsidiado a Haití. Una auditoría presentada a por el Tribunal de Cuentas este mes reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en el manejo de este programa e involucró a 15 exministros y actuales funcionarios, así como a una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la presidencia. El documento cifra en 4000 millones de dólares los fondos generados mediante Petrocaribe.
Pero el descontento y las protestas no son nuevas en Haití. Como detalla Von Eyken, las manifestaciones ya tuvieron otros violentos capítulos en julio, septiembre y noviembre. «La gran diferencia entre julio y las protestas que siguieron es que la de julio fue totalmente sorpresiva por un aumento muy fuerte del combustible, de casi un 50%. En julio hubo más violencia, pero la diferencia fundamental es que ahora estábamos preparados [el 7 de febrero Moise cumplió dos años en el cargo] entonces empezamos a comprar más agua, más combustible, más comida», explicó.
Von Eyken, un diplomático con 34 años de carrera, que trabaja en Haití desde julio de 2017, cuenta que en julio pasado se llegó a pensar «en un plan de evacuación vía helicóptero con el director nacional de Gendarmería y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich», pero ahora el personal diplomático no piensa en abandonar el país. «Sí estamos armando un plan de contingencia, a pedido de Cancillería», aclara. Hasta el momento, Brasil, Estados Unidos y Canadá evacuaron a su personal diplomático.
Aunque hace poco se empezó a normalizar la situación, en Haití la vida cotidiana está lejos de los parámetros de otros países de la región. «Hace tiempo lamentablemente en Haití es imposible caminar por las calles si sos extranjero y blanco, por la inseguridad. No es que un argentino vaya a ser un target, pero hay tiros sueltos y el ciudadano blanco, con la vulnerabilidad y la pobreza del país, tiene escrito en la frente el signo dólar», relata el diplomático.
Para Von Eyken, las «mayores heridas de Haití son la pobreza y la inseguridad». El diplomático explica que aún se sienten en Puerto Príncipe las consecuencias del terremoto del 12 de enero de 2010, que dejó más de 300.000 muertos, y los efectos del huracán Matthew, de 2016.
En este contexto, Von Eyken dice que todas las embajadas tienen algún proyecto de cooperación para mejorar la infraestructura y las instalaciones del país. «Durante 12 años, la Argentina ayudó a financiar el proyecto Prohuerta, de autoproducción familiar de alimentos frescos, pero se cortó en 2016 por razones económicas», detalla.
Con respecto al futuro, Von Eyken señala que aunque observa «mucha presión para que el presidente se vaya, no hay una alternativa programática o de personas».
«Acá no hay un [Juan] Guaidó [el presidente encargado de Venezuela], a pesar de que la situación es inversa. Me gusta destacar que Haití es un país democrático, pluralista por mandato de presidente acotado y con libertades», señala.
La ONU dijo hoy que teme que la crisis en Haití lastre los avances de las organizaciones humanitarias y deje a más personas necesitadas sin ayuda. Con esta nueva crisis, «pese a la extraordinaria resiliencia de los haitianos, los más vulnerables se han visto aún más debilitados y empobrecidos», denunció a Europa Press la jefa de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Haití, Salima Mokrani.
Fuente: Paula Markous / La Nación