El régimen de Nicolás Maduro conduce a Venezuela hacia la implosión, y la sospecha de que integrantes clave de las Fuerzas Armadas están involucrados en el narcotráfico espantan las esperanzas de que eventualmente intervengan para poner orden, dijo un alarmante informe que advierte que el país está por ingresar a una etapa de caos, hambruna y gran agitación.
El estudio —elaborado por Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Ejército de Estados Unidos— señala que la debilidad de una oposición desunida sumada a las intenciones de un régimen “altamente corrupto” de permanecer en el poder a toda costa alejan las posibilidades de que se produzca una transición organizada en el país, elevando así el riesgo de un desenlace violento a una crisis que parece estar siendo ignorada por los países del hemisferio.
“Un final caótico y violento a la situación en Venezuela se torna más probable con el transcurso de cada día, lo que tendrá serias repercusiones en los vecinos de Venezuela en la región”, advierte Ellis en su informe titulado La Venidera Implosión de Venezuela y las Implicaciones Estratégicas para los Estados Unidos, publicado el 10 de julio.
“El actual régimen en Venezuela está encadenado a una espiral de muerte económica y política dentro de la cual múltiples dinámicas que se respaldan mutuamente dificultan que se pueda escapar a la calamidad”, sostuvo el documento.
Según el estudio, el país enfrenta actualmente un estancamiento político –en el forcejeo entre una sociedad que anhela un cambio y una cúpula política atrincherada en el poder– que hace improbable que Venezuela pueda resolver la crisis por su cuenta en medio de una situación económica que se tornará peor.
“La interacción de estos factores [el estancamiento político y la creciente escasez] sugieren que la situación podría degenerar en un colapso económico y en el caos político, –posiblemente con hambruna, enfermedades y violencia– en medio del choque entre personas desesperadas por sobrevivir y un gobierno narco-dependiente desesperado por mantener el control”, advierte el estudio.
“Incluso más allá de las protestas políticas, en la medida de que las condiciones sigan deteriorándose, el ejército va a tener que incrementar el uso de la fuerza para preservar el orden”, resaltó.
El informe señala que la crisis venezolana se viene siendo gestado desde hace 16 años, con la introducción del Socialismo Bolivariano impuesto del fallecido Hugo Chávez, que condujo a la adopción de prácticas anti-empresariales que “han destruido virtualmente” toda actividad productiva en el país fuera del sector petrolero.
En la agricultura, por ejemplo, la producción es solo una triste sombra de lo que solía ser debido un cúmulo de problemas que van desde invasiones de terrenos fomentadas por el propio régimen y la negativa del gobierno de otorgar dólares para importar insumos hasta la exigencia de corruptos funcionarios de que se le paguen sobornos con los escasos dólares que los agricultores tienen.
“La producción ha colapsado, y el país tropical de suelos fértiles debe ahora importar las tres cuartas partes de los alimentos que necesita para alimentar a su gente, con el resultado — en momentos en que las monedas duras del gobierno escasean– de que los pobres de Venezuela tiene cada vez mayores dificultades para comer”, señaló el informe.
En su practica de perseguir al empresariado, el régimen estaba condenando la suerte del país al desempeño de su industria petrolera, pero allí también el chavismo incurrió en graves pecados que están siendo ahora pagados por la sociedad venezolana, incluyendo al falta de mantenimiento de los campos petroleros y la decisión de usar los fondos apartados para la expansión de la industria petrolera en programas sociales y en subsidiar las economías vecinas a través de Petrocaribe.
Bajo ese escenario, aunado a la caída de los precios del petróleo, “el gobierno se está quedando rápidamente sin dinero. Y para el 15 de junio, las reservas internacionales reportadas apenas sumaban $16,700 millones, dos tercios del nivel que tenía tres meses antes”, señaló el informe.
El grado de colapso que está registrando Venezuela propiciado por el alto grado de corrupción y de mal manejo de la economía hace rato que hubiese propiciado un cambio de gobierno por la vía electoral en cualquier país marginalmente democrático, agregó.
Y si eso no funciona, los países “marginalmente democráticos” también tendrían la salida militar como opción.
“Si queda demostrado que un gobierno coloco a su pueblo o la estabilidad del país en riesgo, entonces los militares, como garantes del poder público, se vería obligado a intervenir para salvar al país”, resalta el informe.
Pero “trágicamente en Venezuela, estos mecanismos correctivos [el electoral o el militar] parecen estar en condiciones de funcionar a tiempo para evitar una tragedia”, advirtió.
Aun cuando la popularidad de Maduro está por el piso, con las encuestas no dándole más de un 20 por ciento, el férreo control del régimen sobre el sistema electoral y los poderes legislativos y judicial, sumado las restricciones a la prensa, reducen los prospectos de que los venezolanos logren salir del régimen por la vía electoral.
Pero la situación no luce mucho mejor del lado militar.
“El liderazgo militar venezolano parece estar demasiado comprometido a través de su participación en actividades delictivas como para intervenir y restaurar el orden diplomático”, argumenta el informe.
Tal como ha sido reseñado por la prensa en Estados Unidos, “las autoridades estadounidenses tienen actualmente evidencia creíble de que el liderazgo militar de Venezuela, además de líderes políticos de alto nivel como el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, están profundamente involucrados con el narcotráfico”, dijo el estudio.
Es una situación que genera grandes dudas sobre la disposición que la alta cúpula militar podría tener para contener los excesos del régimen.
“Los líderes militares venezolanos tienen todos los incentivos para evitar el retorno a la democracia y su asociada reanudación de la cooperación con las organizaciones policiales internacionales que podrían fin a su ingreso mal habido y que les llevaría a correr el riesgo de ser extraditados a los Estados Unidos”, señala el documento.