La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 (valor actualizado) en contratos viales.
Antes de finalizar el año el juez Julián Ercolini procesó y embargó en $ 10.000 millones a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 (valor actualizado) en contratos viales.
En el marco de la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública y lo que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calificaron como un “plan criminal” para favorecer a Báez, preso hace ocho meses, el juez Ercolini avanzó con el procesamiento de Cristina Kirchner por «asociación ilícita» como principal autoridad del gobierno que según la auditoría de Vialidad Nacional, fue favorecido con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos pero que cobró con sobreprecios por encima del 65 %.
El embargo de $ 10.000 millones recae sobre la ex Presidenta. También por la misma suma sobre Julio De Vido, José López, Nelson Periotti (ex director de Vialidad), Carlos Kirchner, el empresario K Lázaro Báez. Otros funcionarios de menor rango fueron embargos en sumas menores.
Citando los argumentos de Pollicita, el Juez señala que la ex Presidenta, De Vido, López, Carlos Kirchner, y las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad, habrían «formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz«.
Asimismo, el Magistrado consideró que este dinámica habría «perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional» con el fin de procurar «un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez».
Puntualmente sobre Cristina Kirchner, Ercolini indica que en su carácter de Presidente de la Nación (entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015), «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país». Acusación similar recayó sobre los ex integrantes de su gabinete que tenían poder de decisión sobre la obra pública.
En lo que concierne, específicamente a Julio De Vido, la resolución judicial indica que no cumplió con los deberes «inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo». A su vez, «habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo, función que le era inherente en razón de sus competencias funcionales».
La ex Presidenta declaró en el marco de esta investigación y había pedido que se realice una auditoría integral sobre los contratos adjudicados desde 2003-2015, la Justicia pidió recientemente que Vialidad Nacional que realizó una amplia auditoría sobre las licitaciones que ganó el empresario K en el Sur, ratifique los números. Sólo en sobreprecios el Grupo Austral recibió U$S 1.000 millones y U$S 3.232 millones en contratos.
Los números fueron determinantes en la decisión del Magistrado que también procesó a los ex funcionarios K responsables de manejar el presupuesto destinado a la obra pública y al propio Lázaro Báez que ya cuenta con dos procesamientos por lavado de dinero y que recibió los últimos doce años el 78,4 % del total de las obras licitadas por Vialidad Nacional.
Es el segundo procesamiento que recibe Cristina Kirchner. El primero lo ordenó el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro y le trabó además, un embargo de $ 15 millones que al declarar la ex Presidenta que no contaba con dichos fondos, tras ceder toda su fortuna a sus hijos, se decidió una inhibición general de sus bienes.
Hay otras causas en las que es investigada la familia Kirchner: Los Sauces SA (inmobiliaria acusa de falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito y cuyos dos principales inquilinos fueron Báez y Cristóbal López), en esta investigación el Juez intervino la empresa y la cuenta de la Sucesión Néstor Kirchner, además de correr de la administración de la misma a Máximo Kirchner.
También en Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate investigado por lavado de dinero), la Justicia avanza sobre los Kirchner. En el marco de esta causa el juez Ercolini embargó los más de U$S 5 millones de Florencia Kirchner y hay un pedido de los fiscales de embargar los bienes de los hijos de la ex Mandataria producto de la Sucesión y se solicitó que la medida alcance a dos hoteles de la familia, el Alto Calafate y La Aldea de El Chaltén.
Lucía Salinas / Clarín