La Diócesis San Marcos de Arica, Chile, manifestó su preocupación por las condiciones humanitarias de cientos de personas, en su mayoría venezolanos, que permanecen en el paso fronterizo de Chile y Perú, llamado Chacalluta.
Desde el sábado 22 de junio, se exige ingresar a Chile con un pasaporte visado, más la acreditación de solvencia económica que financia la estadía, una carta de invitación o la reserva de un hotel.
En tanto para la residencia se exige, desde 2018, una visa de responsabilidad democrática, válida por un año y renovable por el mismo periodo, y certificado de antecedentes penales, entre otros documentos.
En una nota de prensa divulgada en twitter por la agencia ACI Prensa, el canciller chileno, Teodoro Rivera, manifestó a radio Bio Bio que no se trata de un acto de discriminación, sino que intentan evitar que ingresen personas con visa de turista y pasen meses en Chile sin poder obtener residencia definitiva.
Para resolver este conflicto los inmigrantes tendrían que tramitar los papeles en el consulado chileno de Tacna (Perú), a unos 40 kilómetros del lugar.
A través de un comunicado, la Diócesis de Arica expresó que de las 700 personas que están en el lugar “lo lamentable son los niños de todas las edades que necesitan urgentemente una mayor atención, mujeres embarazadas, personas enfermas a la intemperie sufriendo las inclemencias del clima y la impotencia de poder solucionar su proyecto migratorio”.
El Obispo de Arica, Mons. Moisés Atisha, junto al Vicario General, Mauricio Cáceres; y el Responsable de Incami Arica, P. Isaldo Bettin, llegaron el lunes 24 hasta el lugar para “constatar en terreno la situación que viven nuestros hermanos y hermanas venezolanos”.
“Se conversó con las autoridades del gobierno central y local, pero lo más importante fue escuchar los relatos de los afectados y rezar con ellos para que se busquen a la brevedad soluciones humanitarias con acciones concretas”.
“La realidad migratoria en el mundo debemos entenderla desde principios de humanidad, y nos desafía constantemente como sociedad a buscar claves de dignificación propia del Evangelio de Jesucristo. De esta forma ponemos en práctica lo que nos manda el Evangelio ‘era migrante y me recibieron’ (Mt 25,31)”.
El comunicado precisó que el gobierno autorizó durante la tarde el ingreso de familias con niños menores de edad, mientras que instituciones como Incami, el Servicio Jesuita Migrante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fundación Scalabrini, y otras asociaciones de migrantes, consulados, y particulares realizan acciones humanitarias y de asistencia.
A su turno, distintas organizaciones de la sociedad civil emitieron una carta en la que esperan que “los estados de la región den una respuesta articulada y acorde a la situación de las personas venezolanas. No son personas invadiendo países, sino familias que buscan sobrevivir”, aseguraron.
“Si bien se valoran los esfuerzos desde los consulados por dar respuestas oportunas”, “se deben adoptar en conjunto medidas extraordinarias que se adapten a la situación que viven las personas que requieren protección, en lugar de imponer requisitos que no todos tienen posibilidad de cumplir”.