El Tribunal Internacional de Justicia se lo prohibió en 2014, pero el país asiático continúa la práctica alegando «fines científicos»
Xavier Fontdeglòria/El País
El 24 de marzo una flota de cuatro barcos japoneses llegó a puerto tras una travesía de más de cien días en los mares de la Antártida. Volvieron después de haber cazado 333 ejemplares de ballenas minke, 230 de las cuales eran hembras y un 90% de éstas embarazadas. La misión ha sido objeto de fuertes críticas por parte la comunidad internacional, pero el país asiático se resiste a renunciar a ella alegando «fines científicos».
La Comisión Ballenera Internacional (CBI) prohibió en 1982 la captura de ballenas para comerciar su carne, pero mantuvo la práctica para aquellos casos cuya finalidad sea la investigación científica o la subsistencia de la población aborigen. Algunos países partidarios de la caza controlada de cetáceos para su uso comercial, como Noruega e Islandia, simplemente ignoraron la norma, pero Japón -ante las presiones de Estados Unidos- decidió acogerse a la primera cláusula.
Sus programas de investigación, sin embargo, han sido ampliamente cuestionados. De hecho, una vez llevados a cabo los estudios pertinentes, la carne termina en los mercados y restaurantes del país. La Agencia de Pesca de Japón, el organismo competente en esta materia, sostiene que hay ciertos datos que solamente se pueden obtener mediante métodos letales, como la edad de madurez sexual o el análisis de los contenidos estomacales. También defienden que la carne termine vendiéndose porque la CBI establece que, una vez estudiados, los restos de estos cetáceos «deben aprovecharse lo máximo posible».
«Hay pruebas históricas de que el pueblo japonés ha vivido desde tiempos inmemoriales en estrecha relación con las ballenas. Es el momento de reconocer la importancia de las actividades balleneras en nuestra tradición y cultura culinaria. Los japoneses están y deberían estar orgullosos de esto», aseguran desde la Agencia de Pesca nipona.
El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya determinó en 2014 que el programa de caza de ballenas japonés no se ajustaba a los fines científicos exigidos por la ley. La corte obligó a revocar cualquier licencia relacionada con el proyecto, que suponía la captura de unos 950 ejemplares por año. Japón prometió cumplir la sentencia y la temporada pasada la expedición no zarpó.
Hay un núcleo muy duro de burócratas que tienen un interés político y presupuestario en que continúe la caza de ballenas
Pero las autoridades presentaron un nuevo plan de captura con más detalles y una reducción de la muestra de ballenas cazadas (333 anuales) que sorteaba formalmente el dictamen de la corte internacional. Los científicos de la Comisión Ballenera Internacional concluyeron igualmente que la nueva propuesta «no demuestra la necesidad de un muestreo letal», pero admitieron «no ser capaces de determinar si los métodos no letales pueden ser utilizados para lograr ciertos datos». Japón se aferró a esta última declaración como a un clavo ardiendo para seguir adelante con el programa, cuya primera temporada acaba de concluir. Las decisiones de la CBI, además, no son vinculantes.
Japón es un país con una arraigada tradición pesquera y las ballenas se cazan desde hace siglos, pero expediciones de este calibre a la Antártida o al Pacífico norte no son tan antiguas. La industria ballenera se desarrolló sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país estaba prácticamente en ruinas y la comida escaseaba. De hecho, entre los años 50 y 60 del siglo pasado la carne de ballena era una de las principales fuentes de proteínas para los japoneses. Su consumo, entonces de unas 200.000 toneladas por año, fue aminorando con la recuperación económica y actualmente es muy bajo, de entre 4.000 y 5.000 toneladas. De hecho, la industria se mantiene a flote gracias a los subsidios del Gobierno, de unos 6,1 millones de euros anuales, según un informe del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW).
Si es una industria deficitaria, el consumo de carne cae y además afecta negativamente a la imagen internacional de Japón, ¿por qué se sigue haciendo? Todo indica que es una cuestión política y de soberanía. «Hay un núcleo muy duro de burócratas que tienen un interés político y presupuestario en que continúe la caza de ballenas. Trabajan junto a un poderoso grupo de miembros del parlamento japonés que quieren perpetuar esta práctica en nombre de sus representados», explica Patrick Ramage, director del programa de ballenas del IFAW. El mayor ejemplo es el del primer ministro, Shinzo Abe, que empezó su carrera política como diputado electo de la prefectura de Yamaguchi, donde se concentra gran parte de la industria ballenera.
Además de los motivos políticos está, añade Ramage, el orgullo nacional: «los líderes de Japón -como los de la mayoría de los países- no aprecian que los extranjeros les digan lo que tienen que hacer, especialmente en cuanto al principio de acceder sin restricciones a los recursos marinos, algo muy importante en el país por razones geográficas e históricas».