El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) abogó hoy por la reanudación del diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos.
El INDE “reafirma su apoyo a las necesarias y urgentes reformas democráticas y el fin de la violencia e insta a todos los sectores para que, apartando discordias y preocupaciones de corto plazo, respalden de forma decidida, eficaz e inmediata la reinstalación del diálogo nacional”, señaló esa entidad que forma parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal del país.
Ese diálogo, que es “la única vía para una solución cívica y pacífica a esta crisis”, se debe reanudar “con garantes internacionales, agregó.
El diálogo entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
El INDE advirtió que “de prolongarse esta crisis, las repercusiones sociales y económicas serán gravísimas, y en consecuencia tendrán un impacto negativo en las libertades y derechos fundamentales, la lucha contra la pobreza, la generación de empleos y la prosperidad de los nicaragüenses”.
Por tanto, insistió en que “por el bienestar de las futuras generaciones, es urgente reinstalar el diálogo nacional para salvar a la patria” y que “este es el clamor nacional”.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.