El Partido Popular ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso tras las críticas del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la neutralidad de la monarquía.
En el escrito registrado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación de Pablo Casado pide que Sánchez «informe, como primer responsable político, sobre la ofensiva gubernamental contra la independencia de las instituciones democráticas y la integridad del Estado de Derecho», destacó Europa Press.
Además de esta iniciativa, el PP planteará al Pleno del Congreso la reprobación del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por ser, a su juicio, el «primer instigador» de los «ataques a la Corona» y también la «destitución inmediata» del ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por «sus groseras afirmaciones en relación» a Felipe VI, al que acusó de «maniobrar» contra el Ejecutivo.
El PP ha adoptado esta medida porque «el propio Gobierno sigue agitando la crisis política e institucional» y «tras el silencio cómplice de Sánchez» y la «reiteración en los ataques» por los ministros, según la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
El primer partido de la oposición también ha incluido otro punto para que el Congreso inste también al Gobierno a «poner fin a sus agresiones institucionales».
Los ‘populares’ alertan de que «la tala de las vigas maestras del Estado de Derecho y el asedio a la independencia de las instituciones ha sido el pan de cada día de la vida pública» desde la investidura de Pedro Sánchez, al que reconocen su «victoria democrática en las urnas», pero recriminan que después decidiera «libérrimamente echarse en brazos de todos los enemigos de la España constitucional».
Según el PP, nunca como ahora «la división de poderes y los contrapesos constitucionales habían sido objeto de una amenaza tan intimidante trascendencia» que considera «innimaginable» en nuestro entorno democrático.
SOMETER A LOS PODERES DEL ESTADO
Como ejemplos de esta situación cita «el cortocircuito del Ministerio Fiscal en manos de una comisaria política», en referencia a Dolores Delgado; las «presiones» para «colonizar y someter a vasallaje político a los organismos del Estado» o los «desmedidos improperios lanzados contra órganos judiciales por parte de Iglesias», al que retrata como «líder de un partido abiertamente negacionista del pacto constitucional y recientemente imputado por financiación ilegal».
El PP percibe que se está planteando «un jaque en toda regla» a las instituciones democráticas y la independencia judicial, a lo que se unen dos «torpedos propulsados desde Moncloa contra la línea de flotación del consenso constitucional»: la «mesa de la autodeterminación» creada con los independentistas catalanes para la «quiebra de la integridad territorial y la voladura en mil pedazos de la soberanía nacional» y el «blanqueamiento como interlocutor parlamentario de la heredera política por línea directa de una organización terrorista que asesinó a más de 800 españoles».
Para los de Pablo Casado, Sánchez ha desplegado una «agenda ideológica socialmente divisiva como cortina de humo para ocultar que España es el país peor gobernado de Europa» y también ha orquestado una «estrategia frentista de polarización política como maniobra de distracción ante su fracaso estrepitoso» para afrontar la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales.
OPERACIÓN DE DERRIBO DE LA CONSTITUCIÓN
Y a todo esto se añade, según el PP, la «aceleración vertiginosa de esta operación de derribo del marco constitucional» que ha tenido lugar en las últimas semanas justo cuando Sánchez necesita recabar el apoyo de sus socios para aprobar los Presupuestos. En este contexto, citan la tramitación de los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán, la reforma del delito de sedición y el «veto arbitrario» al Rey en la entrega de despachos judiciales de Barcelona.
Todo esto, arguyen, «muestra a las claras a un Gobierno dispuesto al abuso de todas sus prerrogativas constitucionales en su cortejo a unos partidos que han declarado abiertamente la guerra contra la continuidad histórica de la nación española».
«Ante estos alarmantes acontecimientos, el Grupo Popular hace un llamamiento civil y democrático a todas las fuerzas parlamentarias para poner freno a los intentos de normalización de este peligroso giro de los acontecimientos en los que ha representado el periodo más fértil de concordia y prosperidad de nuestra larga historia como Nación», reza la moción.
El PP considera que «el Gobierno está a tiempo de ser receptivo a ese llamamiento», pero recalca que «su primera obligación es asumir las responsabilidades políticas de estos reprobables sucesos», reprobando a Iglesias y destituyendo a Garzón.
EuropaPress