Municipalidad de Pisco informó que desde el 7 de octubre los venezolanos que residen en su jurisdicción deberán tramitar su carnet de identificación y permanencia. En Huancayo y Cusco también se han dispuesto medidas en contra de ciudadanos extranjeros.
El 62% de los ciudadanos venezolanos entrevistados en cinco ciudades del Perú (Cusco, Lima, Arequipa, Tumbes y Tacna) se han sentido discriminados, principalmente por su nacionalidad. Así lo revela el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Esta percepción de la comunidad venezolana también podría verse influenciada por las ordenanzas aprobadas el último año por algunas municipalidades del país, así como otras medidas que tendrían de fondo un tinte discriminatorio.
-Ordenanzas-
El pasado 27 de marzo, el alcalde de Huancayo (Junín), Henry Fernando López Cantorín, anunció que presentaría una ordenanza “frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”. Según un comunicado, el municipio expresó que esta situación “conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos”.
La Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que “se está trabajando una ordenanza municipal, que tiene como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011, que en su artículo quinto establece «que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal”. Sin embargo, la ordenanza buscará que se llegue a un porcentaje superior al 80%.
Ante este anuncio, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra de López Cantorín por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación. El fiscal provincial Herik Henry Gonzáles Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, es quien se encuentra a cargo del caso.
El proyecto y las declaraciones del alcalde fueron rechazados por la Defensoría del Pueblo. “Sobre la propuesta de alcalde provincial de Huancayo, recordamos que debe respetar principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, publicó la en su cuenta de Twitter.
En Cusco, el 21 de julio pasado, el gobierno regional de Cusco publicó en el diario oficial El Peruano una ordenanza para sancionar a las empresas que despidan a ciudadanos cusqueños para contratar a extranjeros “en informalidad y subempleo». Esta medida declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo.
Vale precisar que ningún gobierno regional o municipalidad puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes, pues estas le corresponden al Ministerio de Trabajo. Esta cartera consideró medida como inconstitucional.
-Carnet de permanencia-
El municipio provincial de Pisco informó que desde el próximo 7 de octubre los ciudadanos venezolanos que residen en su jurisdicción deberán tramitar su carnet de identificación y permanencia. Así lo hizo saber mediante su cuenta de Facebook.
El municipio enfatiza que el empadronamiento es de “condición obligatoria para permanecer en Pisco y sus distritos». Asimismo, señala que los venezolanos residentes deberán presentar sus documentos personales, permiso temporal de trabajo y precisar su lugar de residencia.
“Hacemos extensiva esta comunicación a todas las personas de nacionalidad venezolana a acercarse desde el 07 de octubre del 2019 al Pool de Maquinarias (Esquina de Ramón Aspíllaga y López de Alarcón) de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. portando sus documentos personales con el fin de obtener un carnet de identificación y permanencia”, indica el comunicado en la cuenta de Facebook.
Al respecto, la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad encargada de ejecutar la política migratoria interna, indicó a este Diario que dicha actividad no tienen valor migratorio y no participará. Fuente de esta superintendencia indicó que se trata de una iniciativa municipal. Del mismo modo, el Ministerio de Salud, cuyo logo aparece en la publicación, descartó alguna intervención en este evento.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha rechazado esta medida, precisando se encuentra fuera de la ley. “La medida está absolutamente fuera del marco legal que permite trabajar a las municipalidades. Es una medida ilegal y que por sus tintes tiene carácter discriminatorio y puede traer graves consecuencias para los venezolanos”, dijo Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos del referido organismo.
-Reacciones-
El presidente de la ONG Unión venezolana en Perú, Óscar Pérez, dijo a El Comercio que los resultados del informe de la Acnur muestran la percepción de los ciudadanos venezolanos en las ciudades en donde fueron entrevistados, más allá de los hechos concretos que se pueden estar evidenciando. Agregó que otra causa de esta percepción es que muchos peruanos sienten como una amenaza la presencia de ciudadanos de Venezuela al momento de aspirar a un puesto laboral.
“Creo que también hay mucho de percepción, más allá de hechos fácticos que se pueden estar evidenciando. Muchas veces he repetido que el Perú no es un pueblo xenófobo. Con los resultados del informe tenemos que adelantar los proyectos de incorporación de profesionales venezolanos en el aparato socioproductivo del país, porque el mayor número de inconvenientes guarda relación con que profesionales venezolanos sobrevalorados académicamente están ocupando puestos que, sin querer, los convierte en una amenaza laboral para los ciudadanos peruanos de los estratos sociales más bajos”, explicó.
Respecto al anunció hecho por el municipio provincial de Pisco d que los ar a los profesionales venezolanos que han migrado al Perú hacia dotras partes del país, donde existe un déficit de profesionales en ciertas materias.
“De lo que se trata es ver cómo es que avanzamos para que estos profesionales puedan ser reubicados a otras partes del país donde existe un déficit de profesionales. Creo que allá es donde hay que avanzar para disipar estos prejuicios que se han ido alimentando en los últimos tiempos”, añadió.
Respecto al anunció hecho por el municipio provincial de Pisco de que los venezolanos que quieran vivir en esa ciudad deberán tramitar un carnet de identificación y permanencia, Pérez indicó que existe “un poco de exceso”. Comentó que tanto Migraciones como la Defensoría del Pueblo ya se pronunciaron sobre este caso y rechazaron este proceder municipal.
“Podemos entender que el municipio de Pisco quiera garantizar el orden en la ciudad, pero creo que las acciones deben ser realizadas con mucho tino para no cometer algunos excesos que más bien pueden generar problemas mayores. Creo que el que se diga que la única manera de permanecer en Pisco es mediante este trámite, con mucho respeto lo digo, es un poco de exceso. No hay ninguna norma constitucional o legal que establezca este tipo de gestos. Creo también que hablar de los venezolanos en este momento puede dar algunos réditos políticos”, puntualizó Pérez .
El Comercio