El gobierno de Nicaragua liberó este lunes a 50 opositores detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, luego de la aprobación de una polémica ley de amnistía que también ampara a los responsables de la represión a los manifestantes.
El Ministerio de Gobernación informó que, en cumplimiento de la nueva norma que entró en vigor este lunes, puso «en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos».
La llegada de los presos a sus casas provocó escenas emotivas de llanto, abrazos y regocijo entre familiares y vecinos que fueron tomados por sorpresa cuando sus seres queridos aparecieron sin previo aviso en las primeras horas del lunes, conducidos por funcionarios del Sistema Penitenciario y portando un acta en la que se lee: «ha sido puesto en libertad por la ley de Amnistía».
Los beneficiados con la liberación habían sido encarcelados por participar en las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018. La represión durante cinco meses de manifestaciones dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.500 exiliados, según organismos humanitarios.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estuvo presente durante la liberación en horas de la madrugada y reiteró «su disposición para facilitar la liberación» de los restantes privados de libertad, según un comunicado.
La liberación se produce luego de la aprobación el sábado por el parlamento, de mayoría oficialista, de una cuestionada ley que concede perdón «a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir de abril de 2018 hasta la fecha».
La oposición, organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas rechazan la nueva normativa porque evita que los responsables de la muerte o represión de sus parientes sean juzgados. Pero para el gobierno la amnistía es un «acto heroíco» de reconciliación por encima de sentimientos justos de «indignación, ira y dolor profundo». «Proclamamos y juramos» que la amnistía no debe entenderse «como borrón y cuenta nueva», advirtió el Ejecutivo en un comunicado
Nada que perdonar
Liliam Ruiz, dirigente del Comité de Familiares de Presos Políticos, dijo que la liberación de los opositores bajo una ley de amnistía «significa perdón, y el gobierno no tiene nada que perdonarles, porque no han cometido ningún delito».
«En este gobierno no vamos a encontrar justicia» para las víctimas de la represión, por lo que «seguimos apoyando de forma incondicional la lucha por la justicia y la verdad», dijo a la AFP Ruiz, madre del periodista Hansel Vázquez, uno de los 50 liberados.
El periodista Marlon Powell, también liberado, contó a la AFP que firmó el acta de salida de la prisión bajo protesta, lo que le valió la amenaza de funcionarios de dejarlo preso.
«Les dije que esa ley era papel sanitario, que estaban beneficiando a criminales, pirómanos, asesinos de niños y jóvenes a costilla de nosotros, que estábamos secuestrados (presos) sin haber cometido ningún delito», dijo Powell.
Entre los liberados figuran dos de cuatro jóvenes condenados a más de 20 años de cárcel por su supuesto papel en el asesinato del familiar de un alto funcionario allegado al presidente Ortega, luego de casi un año de prisión. En febrero pasado el gobierno comenzó a aplicar detención domiciliaria a opositores presos, una medida que benefició a 386 personas que permanecen bajo esa condición.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) indicó que, luego de la última liberación, quedan 133 presos en las cárceles por las protestas. Esa cifra, que según la alianza fue revisada por la Cruz Roja, incluye a reconocidos dirigentes estudiantiles y campesinos, así como los periodistas Lucia Pineda y Miguel Mora. El gobierno no confirmó la cifra.
Diálogo en suspenso
La ACJD, que fue interlocutora del gobierno en una mesa de diálogo -actualmente suspendida-, rechazó la amnistía alegando que «es una ley de impunidad que pretende proteger los crímenes cometidos a través de sus instituciones, estructuras partidarias y paramilitares». El gobierno de Ortega se había comprometido en las negociaciones con la ACJD a liberar a los presos.
El ex canciller Francisco Aguirre estimó que con la amnistía, Ortega pretende quitarle protagonismo a la ACJD y detener la aplicación de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que penden sobre su gobierno desde el 18 de junio.
«Todo debate del alcance de la ley (de amnistía) es que en el fondo se quiere dar un golpe a la Alianza Cívica», que condicionó la continuidad de la negociación a que fuesen liberados todos los detenidos, dijo Aguirre en la televisión local. El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez explicó que «no existe otra herramienta que los indultos o amnistía» para resolver la crisis política en el país, desatada desde el estallido de las protestas.