Los lamentos cubrían el cementerio de Jinotepe la mañana del martes, cuando comenzaron a sepultarse las víctimas de la brutal represión del fin de semana.
Los familiares de José María Narváez lloraban sobre el ataúd del hombre, mientras a su alrededor la gente gritaba “¡presente!” “¡presente!”, una consigna de resistencia. Él es una de las 21 víctimas mortales de la peor matanza desatada en Nicaragua en tiempos de paz, cuando la madrugada del domingo grupos irregulares armados y a órdenes del presidente Daniel Ortega atacaron este poblado y la vecina Diriamba. Los lamentos se unían al dolor que desde hace 85 días enluta a este hermoso país de volcanes, que llora ya 351 muertos según el más reciente informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANDPH).
Jinotepe está localizada a 38 kilómetros de Managua. Es una ciudad apacible, de clima fresco y productora de un excelente café. Fue fundada hace 135 años y en ella conviven unas 30.000 personas.
El fin de semana su paz de caficultores se vio violentada por el ataque de las huestes de Ortega, que pretendían derribar las barricadas que los vecinos de esta cuidad levantaron como forma de protesta contra el régimen.
En esta ciudad habita el comandante retirado Roberto Samcam, una de las voces más críticas contra la desproporcionada violencia desatada por el Estado desde abril, cuando comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Samcam señala que en la represión del fin de semana participaron militares en activo y llamó la atención sobre la utilización de armas de guerra por parte de los grupos irregulares, por lo que acusa de complicidad al Ejército de Nicaragua.
La noche del martes, el Ejército emitió un comunicado en el que rechazaba lo que denominó como una “campaña calumniosa” y un “montaje” contra la institución, en referencia a las imágenes que recorren las redes sociales y que muestran a hombres encapuchados y con armamento militar.
“El Ejército de Nicaragua tiene control absoluto de su personal, armamento y medios de todo tipo”
Afirmó la institución que, sin embargo, no se pronunció sobre los grupos irregulares fuertemente armados que siembran el terror en las ciudades de Nicaragua, así como los centenares de asesinados en casi tres meses de violencia.
Mientras los muertos eran enterrados en su ciudad, Samcam criticaba con dureza el comunicado del Ejército.
“Pretenden lavarse la cara. La gente reconoció en Jinotepe la participación de militares en activo. Si no hay involucramiento directo del Ejército, sí complicidad, un silencio cómplice”
Advirtió el comandante en retiro. El comunicado de los militares, que no se pronunciaban en Nicaragua desde el 12 de mayo, para Samcam es “un acto de cobardía y complacencia”, porque “el Ejército ha preferido estar del lado de un asesino de su pueblo que del lado de la Constitución”. Según este analista, la institución militar es uno de los pilares de Ortega para mantenerse en el poder, al no desarmar a los grupos irregulares o paramilitares. “Si el Ejército cumpliera su mandado constitucional y desarmara a estos paramilitares, Ortega tendría que sentarse a negociar su salida pacífica”, afirma Samcam.
Jinotepe y su vecina Diriamba vivían una calma tensa el miércoles, con sus calles resguardadas por hombres encapuchados. Las barricadas fueron levantadas y unos 400 camioneros que se mantenían varados en esta región pudieron seguir su camino, una de las promesas del presidente Daniel Ortega, dado que estos “tranques” significan un golpe económico para el régimen. Ortega ha desatado en las últimas semanas una ofensiva bautizada como “operación limpieza” por las organizaciones de derechos humanos y cuyo objetivo es levantar todas las barricadas levantadas en el país, sin importar la cantidad de muertos o heridos. En el país se habían levantado más de 200 barricadas y bloqueos de carreteras, pero las huestes de Ortega han logrado derribar ya la mayoría.
El Gobierno, dijo el canciller Denis Moncada el miércoles en Washington, tiene la responsabilidad de restaurar la “seguridad, estabilidad y paz” en el país. Moncada acusó a los manifestantes de ser “grupos terroristas delincuenciales”, que pretenden derrocar con un golpe de Estado el Gobierno de Ortega.
Mientras en Jinotepe y Diriamba se sepultaban a las víctimas de la matanza al grito rebelde de «¡presente!» «¡presente!», en Managua la opositora Alianza Cívica –que reúne a estudiantes, empresarios, productores y académicos– mantenía los preparativos de una gran marcha nacional contra Ortega, bautizada “Juntos somos un volcán” –en referencia a los colosos que se levantan en la verde geografía de este país– que se realizará este jueves. La manifestación es apoyada por el sector empresarial, al igual que el paro nacional convocado para el viernes y una caravana de coches que se realizaría el sábado. Todas iniciativas para presionar la salida pacífica de Ortega. “La respuesta es elevar la parada. Como no tenemos las armas, se tiene que golpear de manera cívica para demostrarle que la población, a pesar de la represión, tiene suficiente músculo social y cívico para seguir adelante y obligue a Ortega a renunciar”, dijo el analista Óscar René Vargas. El exguerrillero sandinista, sin embargo, parece empeñado en seguir gobernando Nicaragua sobre una montaña de cadáveres.