A rey muerto, rey puesto: Un año de gobierno le bastó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para sepultar la herencia de su antecesor y exaliado Rafael Correa.
Miembros de un mismo partido y binomio entre 2007 y 2013, nada hacía prever que Moreno, que este jueves inicia el segundo de sus cuatro años de gobierno, terminaría echando tierra sobre la década de «revolución ciudadana» de Correa.
La herida mortal llegó a través de una consulta popular convocada por Moreno, en la que se aprobó eliminar la reelección indefinida para impedir que Correa vuelva a ser candidato presidencial.
Esa misma consulta dio paso a la reestructuración del ente encargado de designar autoridades, con lo que también se desmontó la estructura correísta.
«El objetivo político del gobierno de Moreno fue echar al traste lo que fueron los diez años del correísmo. En buena medida lo han logrado», dijo a la AFP el analista político David Chávez, de la pública Universidad Central.
Otro golpe serán las recién planteadas reformas a la criticada Ley de Comunicación de Correa, quien sostuvo una dura confrontación con la prensa privada, a la que llama «corrupta» y «mentirosa».
Más que el estilo
Moreno llegó al poder tras una victoria apretada. Su meta inicial fue la de cambiar el estilo autoritario que le achacaban a Correa por uno de «mano extendida».
Su gobierno arrancó con un respaldo de 66%, según Cedatos, pero ha ido descendiendo a 46% de acuerdo a encuestadoras privadas.
El combate a la corrupción fue la bandera de Moreno, cuyo vicepresidente Jorge Glas, aliado de Correa, perdió el cargo y cumple una condena de seis años por recibir coimas por 13,5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht.
Hubo «señales muy claras (de cambio) principalmente en lucha anticorrupción» y «de no tolerar la impunidad», comentó a la AFP Esteban Santos, politólogo de la privada Universidad de las Américas.
El juicio contra Glas y un intento de expulsar a Moreno del partido Alianza País (AP) ahondaron las grietas dentro del oficialismo, ahora dividido entre correístas y morenistas en el Congreso en el que era mayoría.
El divorcio llevó al morenismo a pactar con la oposición al correísmo para controlar el Parlamento.
Tras los cambios, Moreno tiene el camino «allanado» con la derecha, pero está «maniatado» a sectores políticos y económicos, advirtió Chávez. «Es un gobierno con mucho apoyo pero con debilidad en su capacidad de gestionar la política», afirmó.
Esa debilidad se hizo evidente también en la tibieza con que manejó una crisis desatada a raíz de inusuales atentados y secuestros en la frontera con Colombia, que dejan siete muertos entre militares y periodistas.
El gobierno atribuyó los ataques a disidentes de las FARC vinculados al narcotráfico, quienes se adjudicaron el secuestro y el triple asesinato de un equipo periodístico y la retención de dos civiles.
Endeudamiento acelerado
Moreno culpó a Correa de sobreendeudar a Ecuador y de un manejo irresponsable en las finanzas.
Pese al panorama adverso que describió, el gobernante «ha intensificado esa política que es seguir sosteniendo el gasto público vía un agresivo endeudamiento», dijo a la AFP el analista económico Alberto Acosta Burneo.
Resultado de ello, la economía creció 3% en 2017. Sin embargo, «Ecuador no puede seguir endeudándose al mismo ritmo» y debe «dar ese giro impulsado por inversión y producción», señaló.
Sin adoptar aún medidas de choque, Moreno nombró ministro de Finanzas a Richard Martínez, cercano a las cámaras de comercio. La decisión deja «clara la posición del Ecuador de querer acuerdos comerciales (a los que Correa se opuso) y de abrirse al mundo», opinó Santos.
Para Chávez, «después de 11 años de no haber tenido al sector empresarial controlando directamente la política económica, volvemos a esa situación, (y) ese es el último paso para consolidar este viraje político» de Moreno.
Con una deuda pública que asciende a 58.979 millones de dólares (57% del PIB), Moreno se planteó el reto de bajar el déficit fiscal de una proyección de 5,64% en 2018 a 2,47% en 2021.
Ante los problemas económicos, el gobierno aplica la reducción de doce ministerios y empresas públicas, y la eliminación de 1.000 puestos de trabajo del aparato estatal hasta 2021.
Con elecciones municipales en 2019, los cambios tendrán -según analistas- un alto costo político para el morenismo, que intenta complacer a todos sin salir lastimado como pretendió el correísmo. AFP