La alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela este viernes, donde destacó que desde enero a agosto de este año, se han registrado más de 2.000 muertes en operativos de seguridad.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020”, señaló ante el Consejo de DDHH.
También habló sobre las muertes, en manos de las FAES, del periodista de la Guacamaya TV y el hijo del dueño del canal. A su juicio, las detenciones de cinco funcionarios de ese cuerpo son “positivas”.
“Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento. Asimismo, el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país”, dijo Bachelet.
Entre otras cosas, reprochó que la oficina siguió registrando casos de represión a protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma, “incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina”.
“Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos”, recordó.
“Además, observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, criticó.
Pandemia
En tanto, Bachelet habló directamente sobre la actuación del gobierno de Nicolás Maduro sobre la pandemia. Se refirió a los retornados quienes, dice, han sido asistidos por la administración chavista, sin embargo, “me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la Covid-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares”.
“Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la Covid-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad”, argumentó.
Y en esa misma línea, criticó que el 33% de las muertes por Covid-19 en el país son dentro del personal de salud “debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales”.
“La pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria. Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo”, comentó por su parte.
Y aprovechó para enfatizar que de darse sanciones adicionales que afecten directamente a la importación de diésel, “puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”.
“Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia”, comentó.
Elecciones
Bachelet cargó de nuevo contra el TSJ/ANC, cuyas decisiones “obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
Y aunado, criticó “la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
Por tanto, consideró ‘crucial’ que en los próximos meses “se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos”.
“Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”, dijo Bachelet.