La alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre Venezuela y en presentación oral señaló que si bien se constatan «algunos avances» en la situación a 12 semanas desde la primera actualización del documento, todavía hay serias carencias.
«Solo han pasado doce semanas, pero en este tiempo hemos podido constatar algunos avances pero aún persisten serias carencias», señaló.
Bachelet dijo que hay 118 personas privadas de libertad que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o por cumplimiento de pena, por lo que instó al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la visita del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias.
Igualmente, exhortó a liberar incondicionalmente a todas las personas que están detenidas por motivos políticos, incluyendo militares, y que se otorgue libertad plena al diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, quien ya lleva más de un año preso.
Indica que en los últimos tres meses la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH logró realizar 9 visitas a centros de detención y entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad.
En tanto, se refirió a la crisis económica, y aseveró: «Tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía. El salario mínimo sólo cubre actualmente el 3,5% de la canasta básica alimentaria»
El informe también denunció que se siguen documentando ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES, en particular contra varones jóvenes. «Me preocupa los altos niveles de violencia, de la cual un concejal ha sido víctima», añadió.
Lo propio en cuanto a la violación de libertad de expresión, donde recordó que «recientemente el DGCIM detuvo a la coordinadora de un medio digital y la mantuvo incomunicada por 10 días. Ella aún se encuentra bajo custodia».
También destacó que todavía hay presencia de grupos armados irregulares en el país, en especial en el estado minero de Bolívar y que la situación en Zulia es de precariedad.
«Larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados», señaló, en torno a la entidad zuliana.
Sobre el año 2020, que es electoral, dijo que le preocupa las inhabilitaciones de varios diputados. «Durante estos comicios se debe tener presente los derechos humanos y una solución para la actual crisis (…) Sobre las próximas elecciones, estamos trabajando con la comisión de asuntos políticos para garantizar y velar por el respeto de los derechos humanos durante los comicios».
No obstante, reiteró que «ha habido algunos progresos en cuanto a la cooperación, y esperamos que este se incremente en 2020. Estamos aplicando un abordaje con perspectiva de derechos humanos».
Bachelet adelantó que en junio de 2020 presentará un informe completo sobre la delicada situación venezolana y que posteriormente será uno parcial.
«Mi oficina y yo seguiremos monitoreando y brindando apoyo a la situación de los derechos humanos en Venezuela», apuntó.