El Partido de los Trabajadores ha registrado al expresidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción desde abril, como candidato a las elecciones presidenciales de este octubre. Es un claro desafío a los jueces que le pusieron entre rejas y a los deberán vetar la candidatura de quien aún es el político más popular de Brasil, pues la ley impide que alguien condenado por la segunda instancia sea candidato
“Lula candidato”, el sintagma más discutido en la política brasileña en los últimos meses, ya es una realidad, al menos por ahora. El Partido de los Trabajadores (PT) ha inscrito oficialmente a Lula como como su candidato a las elecciones generales del próximo octubre, desoyendo las advertencias de los jueces, que recuerdan que la condena en la segunda instancia que pesa sobre el expresidente -y que debería tenerle entre rejas los próximos 12 años- le inhabilite para ello. Este es el último gran órdago de quien todavía es el candidato favorito con diferencia en las encuestas (y que necesita del aforamiento que viene con el cargo de presidente de la república para librarse de los muchos juicios por corrupción que tiene por delante). Un órdago que deja a sus enconados rivales del poder judicial una única maniobra posible: vetar la candidatura y provocar la ira de los millones de seguidores del expresidente.
Aún desde la cárcel, Lula ha convertido el trámite de su inscripción en un despliegue de popularidad: la «Marcha Nacional Lula Libre». Decenas de miles de sus muchos seguidores se han desplazado hasta Brasilia y han desfilado durante seis kilómetros hasta la misma puerta del Tribunal Electoral, donde se realizó la inscripción, previo discurso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffman y la expresidenta Dilma Rouseff. Un recuerdo de que, en el antipático panorama político de Brasil, Lula todavía mueve masas.
Pero lo cierto es que también las necesita. Más que una carrera hacia las urnas, la suya es una carrera contra el tiempo: cuanta más campaña electoral sea capaz de hacer el PT usando su poderoso nombre, más tenso será el inevitable día que el Tribunal Electoral vete su candidatura. En teoría ese día no debe retrasarse más del 17 de septiembre, fecha límite prevista para revisar las inscripciones. Pero tanto la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber, como la fiscal general de la república, Raquel Dodge, han dado entender en los últimos días que tienen formas de acelerar la sentencia de la candidatura del PT y las usarán.
A la agrupación, malherida desde que perdió el poder en el juicio político a Rousseff en 2016, se le viene encima una batalla en el terreno donde hasta la fecha peor se ha manejado: el judicial. Y más que desfiles, lo que necesitan son argumentos jurídicos a su favor. Por ahora, los que defienden los abogados se pueden resumir en tres: que el caso de Lula aún no ha llegado al Tribunal Supremo y que por tanto existe la posibilidad de que la condena sea cancelada (si bien muchos juristas la encuentran irrisoria). Que el mero hecho de estar inscrito como candidato debería garantizar la posibilidad de hacer una campaña y poner su nombre en las papeletas. Y, finalmente, que en caso de que el Tribunal Electoral decida vetarle, Lula debería poder presentar recursos contra esa decisión y mientras tanto seguir haciendo campaña.
Muchos en Brasilia dan por hecho que, en caso de que finalmente no pueda seguir haciendo campaña, Lula ceda su puesto a quien hoy es el número dos en la candidatura, Fernando Haddad. El exalcalde de São Paulo es, para ellos, el único nombre lo suficientemente fuerte como para salir airoso del aparentemente inevitable escenario de unas elecciones sin Lula.