Los tres asesinatos que estremecieron a Chile en los últimos años

El misterio aún envuelve los asesinatos de Jorge Matute Johns, Hans Pozo y Erica Hagan

por INFOBAE

En los anales de la historia criminal chilena existen tres casos policiales que hasta el día de hoy persisten como enigmas: la desaparición del joven universitario Jorge Matute Johns, asesinado con pentobarbital; el descuartizamiento de Hans Pozo y la presunta participación del hermano del único declarado culpable; y el brutal homicidio de Erica Hagan, psicóloga estadounidense de 22 años que realizaba una pasantía en el país.

Estas son sus historias.

Hace solo unos días, Netflix anunció que hará una serie sobre el caso de Jorge Matute Johns, junto a la productora chilena Fábula.

La última vez que alguien vio con vida a Jorge Matute Johns fue la noche del 20 de noviembre de 1999, cuando se fue de fiesta junto a dos amigas y un amigo a la discoteca “La Cucaracha” de Talcahuano (500 kms al sur de Santiago). En el transcurso de esa noche desapareció misteriosamente y nadie volvería a saber de este joven de 23 años, estudiante de Ingeniería Forestal en la Universidad de Concepción, hasta casi cinco años después.

Al día siguiente, Cinthia Otárola, ‘polola’ del desaparecido, recibió una llamada en la que un hombre, con la voz modificada por un aparato electrónico, le aseguraba que algo grave le había pasado.

En ese momento comenzaría una investigación que se cerraría y volvería a abrir varias veces en el transcurso de 15 años, y que se vería contaminada por llamadas que pedían dinero por su ‘rescate’ y hasta por la aparición de otros cadáveres que no correspondían a la víctima.

En 2021, la jueza Flora Sepúlveda procesó a siete jóvenes universitarios, acusados de darle una golpiza a Matute Johns y luego hacerlo desaparecer. Dicha causa sería cerrada en 2006, sin culpables.

En enero de 2002, el dueño de “La Cucaracha”, Bruno Betanzo, fue responsabilizado del homicidio por la policía, que además interrogó a su pareja y tres guardias de la discoteca. Sin embargo, los cargos fueron desestimados.

Las cosas tomarían otro cariz en febrero de 2003, cuando el sacerdote Andrés San Martín, en una misa por el cumpleaños 27 del joven desaparecido, aseguró saber quiénes eran los asesinos, puesto que alguien le había revelado todos los detalles del asesinato bajo el secreto de confesión.

Huelga decir que el prelado nunca confirmó dicha acusación.

Desesperados, los padres de Matute Johns ofrecieron a principios de 2004 una recompensa de $20 millones (USD 21,500) por cualquier información que pudiera servir para dar con los restos del universitario. Un mes después, el 10 de febrero, un trabajador que realizaba labores de limpieza de la ribera del río BíoBío encontró unas osamentas enterradas.

Los zapatos marca Caterpillar, la camisa, el jeans… todo coincidía. Tras casi cinco años de incertidumbre, la familia podía al fin, por lo menos, enterrar el cuerpo de su ser querido.

En 2007, con el caso ya cerrado, un bailarín de la discoteca ‘La Cucaracha” llamado Fabián Flores aseguró a la policía haber participado en el crimen del joven y apuntó nuevamente contra Bruno Betanzo. Aunque la investigación se reabrió, Flores pronto cayó en contradicciones y terminó admitiendo un falso testimonio.

Betanzo murió en 2017, en un accidente de tránsito mientras estaba de vacaciones en Egipto.

En diciembre de 2013, los restos de Matute Johns fueron exhumados y tras diversos peritajes por parte del Servicio Médico Legal (SML), se confirmó que el joven había sido asesinado con pentobarbital – una sustancia utilizada para practicar eutanasia a animales -, y que alguien -o más de una persona- había intentado abusar sexualmente de él.

En 2018, la jueza Carola Rivas admitió que a estas alturas es casi imposible encontrar responsables por el asesinato de Matute Johns. Primero, por la cantidad de años que han transcurrido desde el crimen y segundo, porque siete de los 12 sospechosos están muertos y los cinco restantes ya fueron descartados como posibles responsables.

El caso de Hans Pozo dejó en evidencia la indefensión de los jóvenes de estratos bajos y también fue objeto de programas de televisión y obras de teatro

El 27 de marzo de 2006, varios niños que jugaban en un callejón de la populosa comuna santiaguina de Puente Alto vieron a un perro llamado ‘Rocky’ jugando con un pie humano en el hocico. Un día después del macabro hallazgo, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró cerca de ahí la cabeza de la víctima, que presentaba dos balazos y no tenía nariz. Al tercer día aparecieron sus brazos, a los que les habían arrancado cuatro tatuajes y las manos. Al quinto día se dio con el pie izquierdo. A esas alturas, todo el país estaba conmocionado por el caso del ‘Descuartizado de Puente Alto’.

El puzzle comenzaría a armarse el 2 de abril, cuando dos recolectoras de basura encontraron al final de la avenida Santa Rosa, en Puente Alto, dos manos con las huellas digitales borradas. Al día siguiente, otra mujer encontraría el torso de la víctima sin vísceras y sin glúteos, dentro de un tacho de basura, en la periférica comuna de San Bernardo.

Gracias a un tatuaje de un Cupido que no había sido removido, diez días después del hallazgo de la primera pista, la PDI pudo identificar a la víctima: se trataba de Hans Hernán Pozo Vergara, de 20 años.

Quienes lo conocieron lo recordaban como un chico solitario y callado. Abandonado por su madre, a los cuatro años de edad se hizo cargo de él un tío. “Julipi” o “El Rucio”, como lo apodaban, a los 16 años probó la pasta base y la marihuana, dejó el colegio, comenzó a robar en casa de sus parientes y finalmente lo pusieron de patitas en la calle.

Patricio Ahumada, vecino de Pozo, relató a radio Cooperativa el año 2006 que “en ninguna parte lo recibían porque andaba robando. Mi mamá lo recibió porque pensó que iba a cambiar. Aquí igual a nosotros nos robó cosas”.

Dormía en casas de acogida o simplemente en la calle. Y su vida pudo haber cambiado cuando conoció a Linda Baeza, una chica con quien tuvo una hija de tres años al momento de su muerte. Trabajó por aquí y por allá, buscando enrielarse, pero finalmente volvió a robar y una vez en la cárcel, todo fue cuesta abajo.

Entró y salió en varias oportunidades de la prisión por robo y drogas. Según una nota de La Cuarta, también ejerció la prostitución cerca de la Plaza de Armas de Santiago.

Tras diversos interrogatorios a personajes de la noche, los detectives dieron con Jorge Iván Martínez Arévalo (41), dueño de una heladería ubicada en el Paradero 30 de Santa Rosa. A esas alturas, las pericias habían establecido que las partes del cuerpo de Hans Pozo habían sido refrigeradas antes de ser esparcidas en diferentes lugares de la capital chilena.

Fueron a entrevistarlo pero al no hallarlo, lo dejaron citado a declarar al tribunal.

El 8 de abril de 2006 la policía se apersonó ante el negocio del, hasta entonces, único sospechoso. Sobre lo que sucedió después hay dos versiones: según Carabineros, al verlos entrar, Jorge Martínez se autoinfirió un tiro en la cabeza. Según su familia, fueron los uniformados quienes habían abatido a Martínez.

Días después, la esposa del sospechoso halló una carta en la que Martínez le contaba su versión de lo sucedido: Hans Pozo era su hijo y constantemente lo extorsionaba, amenazándolo con contárselo a su familia. Decidió entonces contratar a dos supuestos policías, a quienes pagó para que ‘asustaran’ a Pozo. Sin embargo, al ver las noticias en la televisión, supo que las cosas no habían salido de acuerdo a lo previsto.

Tras hallarse restos de sangre en el furgón de Jorge Martínez, en 2007 la Fiscalía concluyó que él era el culpable del horrendo homicidio. A pesar de que la familia insistió en que la policía había matado a Martínez, la justicia militar desestimó más tarde la acusación y avaló la tesis del suicidio.

En un vuelco inesperado y cuando el caso parecía cerrado, en marzo de ese año Linda Baeza, la madre de la hija de Hans Pozo, se querelló contra el hermano de Jorge, Miguel Martínez, y pidió investigar su supuesta participación en el hecho.

Sin embargo, tras siete años de investigación, el fiscal a cargo, Pablo Sabaj, sobreseyó el caso el 18 de abril de 2013, puesto que en ese lapso de tiempo no se pudo acreditar que Miguel Martínez hubiese ayudado a su hermano a matar, descuartizar y repartir por Santiago los restos de Hans Pozo.

El caso de Erica Hagan se cerró sin culpables pero su madre anunció que volverá a la carga.

El 5 de septiembre pasado se cumplieron diez años del asesinato de la psicóloga estadounidense Erica Hagan (22), cuyo cadáver fue hallado en la tina de su departamento al interior del Colegio Bautista de Temuco, donde hacía una pasantía, en 2014.

Su cuerpo presentaba un terrible traumatismo encéfalocraneano. Tras una serie de peritajes, se descartó primero que la joven hubiese sido víctima de violación y se informó luego que el sospechoso era alguien conocido, puesto que la puerta no había sido forzada. También, que el autor del crimen intentó quemar la ropa, un celular y una tablet, a fin de eliminar cualquier evidencia.

La fiscalía apuntó entonces a un guardia del colegio, Domingo Cofré, quien fue formalizado y permaneció por ocho meses en prisión preventiva. Sin embargo la única prueba que tenía la fiscalía era un atizador, sin rastros de sangre de Erica.

Y aunque la investigación apuntó después contra un ingeniero que ese día había ido al mall con Erica Hagan, el individuo tenía una coartada y finalmente el caso se cerró sin culpables.

En septiembre de 2021, la madre de la joven pidió reabrir la investigación, puesto que la PDI haría nuevas pericias utilizando herramientas que no existían en 2014, sobre todo en relación a la obtención de muestras de ADN. Sin embargo, tras tres años, el pasado mes de marzo la Fiscalía Regional de la Araucanía confirmó el cierre del caso, nuevamente sin culpables.

Así las cosas, la madre de la joven criticó el actuar del Ministerio Público y aseguró que volverá a la carga: “Estoy indignada con la ‘misteriosa’ desaparición del reloj que portaba mi hija, porque el mismo oficial investigador anterior dijo que era una evidencia muy importante. Ahora no sólo desapareció el reloj, sino numerosa evidencia de varios sospechosos: pantalones, casacas y evidencias personales de mi hija. La Fiscalía no ha aclarado aquello. ¿Por qué?”, acusó en una carta enviada al fiscal nacional, Ángel Valencia.

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