La ONG estadounidense AS/COA estableció un ranking a partir de distintos indicadores, como pobreza, empleo, derechos políticos, igualdad de género y respeto a la diversidad étnica
El país socialmente más inclusivo de América es Uruguay. Suma 80,2 puntos sobre 100 en el Índice de Inclusión Social 2015 que publica la revista Americas Quarterly, perteneciente a la Sociedad y el Consejo de las Américas (AS/COA por sus siglas en inglés), dos organizaciones que trabajan en tandem para promover la educación, el diálogo, la democracia y los negocios en la región.
En el segundo puesto está Estados Unidos, con 73,1. Tercero se encuentra Argentina, con 71,9. Luego vienen Costa Rica (68,8), Chile (68), Brasil (63,2), Ecuador (60,5), Bolivia (58,5), Colombia (51,4), Perú (46,6), Paraguay (44,7), El Salvador (42,3), México (40,3), Nicaragua (31,2), Honduras (28,9) y Guatemala (25,7).
«La idea del Índice es que se evalúan los países no apenas con base en lo que dicen los indicadores económicos, sino que es una mirada multidimensional que combina cifras objetivas -por ejemplo la matrícula en la escuela secundaria- con la percepción de los ciudadanos frente al gobierno. Creemos que es una mirada más completa que la simple medición de indicadores», explicó Alana Tummino, directora de Política Pública de AS/COA y una de las autoras del estudio, consultada por Infobae.
«Además el índice recolecta información desagregada por género y por raza, y eso es muy importante, porque quiere decir que los países están mirando no sólo los números redondos sino también los matices de cómo sus políticas públicas afectan a sectores específicos de la población, por ejemplo las mujeres y las minorías», agregó.
El índice se calcula a partir de 15 variables: porcentaje de crecimiento del PIB 2004-2014, proporción del PIB invertido en programas sociales, matrícula de educación secundaria, derechos políticos, civiles, de la mujer y LGBT, inclusión etnorracial, participación ciudadana, inclusión financiera de género, porcentaje de la población que vive con más de cuatro dólares al día, empoderamiento personal, capacidad de respuesta del gobierno, acceso a una vivienda adecuada y acceso a un empleo formal.
Infobae se centró en siete de ellos, considerados los más relevantes para desentrañar algo tan complejo como el grado de inclusión social que hay en un país.
Gasto social
Costa Rica es el país de América que destina más recursos a la inversión social, principalmente a educación y atención sanitaria. Dedica el 13,8% de su PIB.
En segundo lugar se ubica Estados Unidos, con 13,7%, y tercero está Argentina, con 12,1. Los tres que ostentan los menores niveles de gasto en este rubro son Perú (5,8%), Guatemala (5,3%) y Honduras (4,3%).
Si bien destinar muchos recursos no garantiza buenos resultados, es un punto de partida indispensable. Sería imposible corregir los altos niveles de exclusión que existen en América sin orientar una buen porción del presupuesto.
Inclusión educativa
Para que una sociedad esté integrada es condición sine qua non que todos tengan acceso a la educación, sin importar su sexo, grupo étnico o condición social. La región avanzó mucho en la universalización de la escolarización primaria, pero todavía le falta mucho en la secundaria.
Un sólo país supera el 90% de la matrícula tanto para varones como para mujeres: Chile, con 93,6 y 92,8%, respectivamente. El que le sigue más de cerca es Bolivia, con 88,7 y 87,6%; y tercero aparece Argentina, con 88 y 91,4 por ciento. Este último tiene la particularidad de que las mujeres están por encima de los hombres.
Los que muestran los niveles más bajos de inclusión educativa son El Salvador (49,1 y 51,6%), Nicaragua (47,6 y 59,6%) y Honduras (46,3 y 46,2%).
Derechos políticos
Si los canales de participación política no están lo suficientemente abiertos para todos, y hay sectores que no están bien representados en el Estado, la idea de inclusión social se vuelve una quimera. Es necesario que haya un sistema democrático transparente, que garantice la pluralidad, favorezca la participación y establezca mecanismos de control para poner límites a quienes ocupan el Poder Ejecutivo.
En materia de derechos políticos, el índice de Americas Quarterly se basa en la encuesta anual que realiza la organización Freedom House, que puntúa de 0 a 40 a los países, a partir de evaluar el grado de satisfacción con tres categorías: proceso electoral, pluralismo político y funcionamiento del gobierno.
El único con puntaje perfecto es Uruguay, uno de los países con mayor tradición democrática de la región. Segundo está Chile, con 39, y terceros aparecen Costa Rica y Estados Unidos, con 37. Los que tienen sistemas más frágiles son Guatemala (24), Honduras (20) y Nicaragua (19).
Inclusión etnorracial
Esta variable, creada por AS/COA y el Banco Mundial, le pone un puntaje (de 0 a 12) a los esfuerzos de los Estados para integrar -respetando su identidad- a los distintos grupos étnicos que conviven dentro de sus fronteras. Es un punto clave, considerando que América Latina es una de las regiones con mayor diversidad cultural y racial del mundo, y que a lo largo de la historia, distintos grupos humanos -como indígenas y afrodescendientes- fueron sistemáticamente excluidos.
El más valorado por sus intentos de reparar esta iniquidad histórica es Brasil, que suma 12 puntos. Después están Ecuador, con 11, y Bolivia, con 9. En cambio, los que menos avanzaron son Paraguay (5), México (4) y El Salvador (3).
«El origen étnico es uno de los factores que más contribuye a determinar las oportunidades y el progreso económico de las personas -dijo Tummino. En América Latina, aunque los pueblos indígenas y afrodescendientes son apenas el 40% de la población, tienen una participación desproporcionada en el porcentaje de los habitantes más pobres. Es decir que los problemas que afectan a toda la región, afectan más a las minorías y es algo que los gobiernos deben mirar».
«El caso de las mujeres no es muy distinto -continuó-, ellas también son afectadas desproporcionadamente por la falta de oportunidades y la carencia económica. Pero a eso se suma un gran atraso en sus derechos reproductivos, y la necesidad de actualizar las leyes que penalizan la violencia en su contra. En suma, tantos las minorías como las mujeres están rezagadas en términos de inclusión social».
Pobreza
Es evidente que si una sociedad no es capaz de garantizar condiciones de vida dignas para todos sus habitantes, los lazos de solidaridad e integración van a estar muy debilitados.
El concepto de «vida digna» es multidimensional y se puede medir de distintas maneras. El criterio del Banco Mundial es considerar pobres a los que tienen ingresos inferiores a cuatro dólares por día. Es muy discutible si es el mejor método, ya que el costo de vida puede variar mucho de un país a otro, y al tomar como referencia al dólar se obvia que en algunos casos su valor está distorsionado por las políticas de control de cambios. Pero es el criterio que adopta Americas Quarterly.
Sólo en dos países más del 90% de la población gana más de cuatro dólares por día: Chile (93,7% entre los hombres, y 92,9% entre las mujeres) y Uruguay (92,4 y 92%). Muy cerca está Argentina (89,3 y 89%). Los tres más más pobres son Honduras (41,9 y 42,5%), Nicaragua (40,9 y 41,7%) y Guatemala (38,2 y 37,7%).
Vivienda adecuada
Otra forma de evaluar las condiciones de vida de la población es ver dónde vive. Más allá de cuántos dólares por día gane, si una familia vive hacinada, en una casa de chapa y sin acceso a servicios esenciales, no se la puede considerar plenamente integrada. Esta variable incluye la satisfacción de tres indicadores: acceso al agua y a la electricidad, y la inexistencia de hacinamiento severo.
El que está mejor posicionado es Costa Rica, donde el 98,3% de los varones, y el 98,6% de las mujeres, reúnen esas condiciones. Segundo aparece Chile, con 97,6 y 97,9%, y tercero está Uruguay, con 97,2 y 97,7 por ciento. Otra vez, como en casi todos los rubros, en el fondo aparecen tres países centroamericanos: El Salvador (60,9 y 63,6%), Guatemala (43,2 y 44,9%) y Nicaragua (40,7 y 44,7%).
Empleo digno
Un tercer criterio que se puede considerar es la calidad del trabajo. No alcanza con que brinde un mínimo de ingresos, también es necesario que ofrezca ciertas garantías de protección social. El índice toma en cuenta si el empleo es formal, lo que le permite al trabajador hacer aportes jubilatorios, que recibirá cuando se retire.
En empleados de 25 a 65 años, Uruguay es el que tiene mayor cobertura: 91,8% para los varones y 88,6% para las mujeres. Luego vienen Chile (89,1 y 84,2%) y Brasil (81,6 y 79,2%). Muy lejos están Nicaragua (34,9 y 50,4%), Guatemala (33,8 y 40%) y Honduras (5,6 y 11,6%).
«Los países que encabezan el índice, Uruguay, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica y Chile, son muy diferentes. Pero son los que lideran en las variables que podríamos llamar duras, o sea que se basan en cifras concretas y no en percepción, como por ejemplo derechos políticos, civiles y de las mujeres, el acceso a una vivienda adecuada y la mitigación de la pobreza», dijo Tummino.
«Hay otra tendencia interesante y es que son los que ocupan las posiciones inferiores en cuanto a participación de la sociedad civil, lo cual nos llevaría a pensar que el llamado a la acción no parece tan necesario cuando están resueltos los problemas básicos. Otro elemento en común es que no hay una gran brecha en los indicadores cuando se desagrega por género y por raza», concluyó.
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