Las elecciones de medio mandato que se celebrarán el lunes en Filipinas podrían darle al presidente Rodrigo Duterte la posibilidad de implementar su prometida reinstauración de la pena de muerte y reformar la Constitución.
El jefe de Estado electo en 2016 ha sido criticado por algunos países occidentales debido a sus políticas violentas para combatir el narcotráfico y, a veces, incluso groseras, indicó AFP.
Sin embargo sigue siendo muy popular en el archipiélago, en parte debido a su franqueza, porque algunos filipinos continúan viéndolo como un recurso creíble ante la ineficiencia de las élites políticas tradicionales.
Duterte se comprometió a restablecer la pena capital para los crímenes relacionados con el tráfico de droga en el marco de su dura campaña contra los estupefacientes, en la cual han muerto miles de presuntos traficantes y consumidores.
Su programa de mano dura contra la criminalidad jugó un papel crucial en su clara y cómoda elección como presidente en 2016.
Hoy en día prevé bajar la responsabilidad penal de 15 a 12 años de edad. Pero al principio Duterte llegó a defender que esta responsabilidad fuera considerada a partir de los 9 años.
Entre los 18.000 cargos que están en juego en las elecciones del lunes figura la mitad del Senado, institución que ha desempeñado un papel clave desde hace tres años para bloquear algunas de las iniciativas más controvertidas del exalcalde de Davao, la gran ciudad del sur país.
Los «peores instintos» de Duterte
Los sondeos dan a entender que los partidarios de Duterte tienen grandes posibilidades de conservar la mayoría en la Cámara de Representantes, y además de asumir el control de la Cámara Alta.
Duterte también prometió reescribir la Constitución, algo que podría abrirle la puerta para mantenerse en el poder después de que termine su mandato en 2022.
El presidente filipino fue elegido para un mandato único de seis años. No obstante, el abogado y exfiscal de 74 años ha afirmado en varias oportunidades que no le interesa la idea de quedarse largo tiempo ocupando la presidencia.
Cualquier reforma constitucional implica no solo la luz verde del Congreso, sino también una aprobación por referéndum.
El restablecimiento de la pena de muerte y de la reforma constitucional fueron votados sin problemas por la Cámara de Representantes desde 2016 pero se ha topado con el veto del Senado.
«El Senado actúa como una cámara de control institucional frente a los peores instintos del presidente», dijo el politólogo Richard Heydarian. Sin embargo, esto podría cambiar con las elecciones de medio mandato.
El regreso de los Marcos
En Filipinas, históricamente, los 24 miembros del Senado, que son elegidos por seis años, siempre han mostrado independencia de sus colegas en la cámara baja.
Las elecciones del lunes podrían permitir la entrada en el Senado de Imee Marcos, hija del exdictador Ferdinand Marcos. Esta sería una nueva confirmación del notorio retorno de los Marcos a la escena política, más de tres décadas después de la caída de la dictadura.
El exjefe de la policía nacional, Ronald dela Rosa, encargado en 2016 de la implementación de la «guerra antidrogas», también es dado ganador en las elecciones del Senado, a pesar de las múltiples acusaciones de violaciones de los derechos humanos contra las fuerzas del orden que tuvo bajo su control.
La pena de muerte fue abolida en 1987 en Filipinas, antes de ser reinstaurada seis años después y abolida nuevamente en 2006, tras una larga campaña de la iglesia Católica, que cuenta con 80% de fieles en el archipiélago.
Sin embargo, Filipinas dio un gran paso hacia la restauración del castigo supremo en 2017, y la Cámara de Representantes aprobó una ley que prevé la pena capital para aquellas personan que posean 500 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína, heroína o éxtasis. Pero este texto nunca ha sido validado por el Senado.