La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), bajo el nombre de los “Pandora Papers” y en la que está salpicado el presidente de Chile Sebastián Piñera, ha hecho que la oposición del país suramericano acordara este martes una acusación constitucional contra el mandatario. La Fiscalía ha intervenido igualmente y ordenó una indagación en los antecedentes del jefe de Estado.
Más de once millones de documentos confidenciales fueron revelados en la publicación de los llamados “Pandora papers”, los cuales entregaron información sobre las fortunas de muchas personas influyentes en el mundo.
Uno de ellos fue el presidente chileno Sebastián Piñera y su familia, quienes estuvieron involucrados en la compraventa, en 2010, de la Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, condenado en 2018 por delito tributario y financiamiento ilegal de dirigentes y organizaciones políticas. La operación, dice la investigación, se llevó a cabo en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Varios diputados chilenos se pusieron de acuerdo este martes para presentar un juicio político contra el presidente, en el caso que han llamado localmente como los “Piñera papers”. Según los parlamentarios, los hechos “afectan la honra de la nación”, mientras que Gabriel Ascencio, jefe de la bancada del partido Democracia Cristiana (DC), dijo a medios locales que “los hechos denunciados son muy graves y ya lindan con el cohecho, son escandalosos”.
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Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, dijo a través de su cuenta en Twitter que, “por infringir el principio de probidad (artículo 8 de la Constitución) y comprometer el honor de la Nación, la acusación constitucional contra Sebastián Piñera va”.
Para que el juicio político tenga efecto se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Como resultado, Piñera sería destituido o inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Pero, la acusación también puede fracasar. Según una publicación del diario chileno La Tercera, la compraventa realizada por Piñera y revelada en los “Pandora papers” ocurrió durante su primera administración (2010-2014). Al solicitar un juicio político se debe hacer mientras el presidente está aún en funciones o dentro de los seis meses posteriores al fin de su cargo.
Piñera niega las acusaciones
Inmediatamente después de la publicación de los “Pandora papers”, investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y encabezada en Chile por los medios LaBot y CIPER, el Ejecutivo negó cualquier conflicto de interés, argumentando que Piñera desconocía las operaciones de sus empresas.
[VIVO] Me dirijo a ustedes desde el Palacio La Moneda: https://t.co/TaN50WrCMB
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 4, 2021
“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación en el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”, señaló Piñera.
La Fiscalía de Chile también ha decido actuar en este caso y ordenó a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público analizar la existencia de eventuales delitos tributarios, tráfico de influencias o negociación incompatible.
Sebastián Piñera es uno de los tres mandatarios latinoamericanos en funciones en ser investigado en los “Pandora papers”. Junto a él, están salpicados por otros casos el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.
Con información de EFE y medios locales