Un tribunal británico ha rechazado este lunes la petición de extradición de EE.UU. del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que afronta en el país norteamericano cargos por espionaje y piratería informática a raíz de la publicación de documentos secretos en su portal WikiLeaks en 2010 y 2011.
La jueza británica de distrito Vanessa Baraitser explicó el rechazo de la petición de EE.UU. por temor a que el activista pudiera suicidarse, argumentando que la extradición sería «opresiva» debido a la salud mental de Assange.
En particular, describió al periodista australiano como «un hombre deprimido y a veces desesperado» que tiene el «intelecto y la determinación» para eludir cualquier medida de prevención del suicidio que tomen las autoridades penitenciarias.
La jueza rechazó casi todos los argumentos del equipo legal de Assange y destacó que las acciones del activista, de ser probadas, «equivaldrían a delitos en esta jurisdicción que no estarían protegidos por su derecho a la libertad de expresión».
Sin embargo, enfatizó que Assange sufre depresión clínica, de moderada a grave, que se vería agudizada por el aislamiento que, probablemente, afrontaría en una prisión estadounidense.
«Frente a condiciones de aislamiento casi total […] estoy convencida de que los procedimientos [descritos por las autoridades estadounidenses] no evitarán que Assange encuentre una manera de suicidarse», señaló.
El Gobierno de EE.UU. ha anunciado que apelaría la decisión. Por su parte, los abogados de Assange planean pedir su liberación de la prisión de Londres donde permanece recluido desde hace más de año y medio.
«Gran noticia»
Tras darse a conocer el fallo, Edward Snowden, excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, ha agradecido en su cuenta de Twitter a todos los que han luchado contra una de las amenazas más peligrosas para la libertad de prensa «en décadas», en relación al caso Assange.
Por su parte, el periodista estadounidense Glenn Greenwald calificó el ‘no’ a la extradición de «gran noticia», si bien aclaró que la decisión «no fue una victoria para la libertad de prensa», sino «todo lo contrario», ya que la jueza «respaldó la mayoría de las teorías del Gobierno de Estados Unidos» y dejó en claro que creía que había motivos para procesar a Assange en relación con la publicación de las filtraciones en 2010.
Por otro lado, el fallo sí representa «una acusación contra el increíblemente opresivo sistema penitenciario de EE.UU.», tuiteó Greenwald, destacando que, en última instancia, «lo que más importa es que Assange sea liberado lo antes posible».
El caso Assange
Assange, de 49 años, es acusado en EE.UU. de espionaje y piratería informática por la publicación desde 2010 de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de EE.UU. en las guerras de Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks. Los documentos clasificados y filtrados por Assange exponen numerosas irregularidades del Ejército estadounidense.
En abril de 2019, el ciberactivista fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, donde durante siete años había obtenido refugio e incluso la nacionalidad ecuatoriana. De momento, el fundador de WikiLeads permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). En caso de ser extraditado a EE.UU., podría afrontar hasta 175 años de cárcel por los cargos que se le formulan.
La defensa de Assange argumenta que tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. por su condición de periodista, lo que también se extiende a la publicación de los documentos filtrados. Sus abogados también señalan que las condiciones que el activista afrontaría en una prisión estadounidense violarían los derechos humanos.
Un fallo agridulce para los defensores de la libertad de expresión
El enjuiciamiento de Assange ha sido condenado por periodistas y grupos de derechos humanos, quienes sostienen que el proceso socava la libertad de expresión en todo el mundo. Aunque la decisión de no extraditar a Assange fue recibida con satisfacción, los argumentos de la jueza no contemplaron la libertad de expresión.
«Es un gran alivio para cualquiera que se preocupe por los derechos de los periodistas», escribió en Twitter la Freedom of the Press Foundation (Fundación para la Libertad de Prensa). «La solicitud de extradición no se decidió por motivos de libertad de prensa; más bien, el juez básicamente dictaminó que el sistema penitenciario estadounidense era demasiado represivo para extraditar. Sin embargo, el resultado protegerá a los periodistas en todas partes», agregó.
The extradition request was not decided on press freedom grounds; rather, the judge essentially ruled the US prison system was too repressive to extradite. However, the result will protect journalists everywhere.
— Freedom of the Press (@FreedomofPress) January 4, 2021
Previamente, la portavoz de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson había advertido que “el mero hecho de que este caso haya llegado a los tribunales, y mucho menos de que haya durado tanto tiempo, es un ataque histórico a gran escala a la libertad de expresión». «Esta es una lucha que afecta el derecho de todas y cada una de las personas a saber y se libra colectivamente», afirmó.
El dictamen fue divulgado tras un juicio de cuatro semanas, en el que declararon numerosos testigos de la defensa del activista. Para esta parte, la extradición representa una amenaza a los derechos humanos de Assange porque supone el riesgo de «una sentencia extremadamente desproporcionada» y la detención en «condiciones draconianas e inhumanas»
Los abogados del Gobierno estadounidense, por su parte, argumentan que Assange no solo es procesado por publicar documentos filtrados, sino por «su participación ilegal» en el robo de cables diplomáticos y archivos militares, perpetrado por la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning.
En Estados Unidos, Assange es acusado de 17 cargos de espionaje y un cargo de intrusión informática por la publicación de documentos militares y diplomáticos filtrados. La sentencia máxima por esos delitos sería de 175 años de prisión.
Washington lo acusa de conspiración para presuntamente hackear computadoras del Gobierno y de violar una ley de secreto al publicar grandes cantidades de registros militares confidenciales y cables diplomáticos, que dieron la vuelta al mundo hace más de una década.