La justicia británica volvió a volcarse este martes 22 de septiembre en el conflicto entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en torno de 30 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra y cuyo control se disputan los dos rivales políticos.
Un tribunal comercial de Londres dio en julio la razón al líder opositor Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos el Reino Unido, impidiendo que el gobierno de Maduro pudiese recuperar los fondos.
Pero, denunciando un «descarado robo de piratería», el Ejecutivo venezolano, que asegura querer destinar el dinero a la lucha contra el covid-19, recurrió la decisión.
Se reabrió así el caso el martes, ahora ante tres jueces del Tribunal de Apelaciones que lo examinarán hasta el jueves en una vista centrada en cuestiones muy técnicas de interpretación de la ley, y que no contará con la declaración de testigos ni expertos.
Se prevé que los jueces se tomen después unos días antes de anunciar su decisión.
Maduro «continúa como presidente»
En la primera sesión, el abogado del régimen bolivariano, Nick Vineall, se esforzó por persuadirlos de que el tribunal comercial había «ido demasiado lejos» al determinar que la justicia debía alinearse con una declaración política del ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles».
Esto no significa que Londres le otorgase ningún poder, aseguró Vineall, insistiendo en que el ejecutivo británico sigue reconociendo a la administración de Maduro, aunque la desapruebe, mediante sus ininterrumpidas relaciones diplomáticas.
«El punto precisamente es que no ha habido nuevas elecciones presidenciales, que Maduro en la práctica continúa como presidente. Esa es la queja del gobierno británico, dicen que no debería ser así pero no dicen que no lo sea», insistió.
Justicia y política
Tras haber celebrado la primera sentencia como una «victoria del pueblo» y un precedente para otros bancos centrales europeos que custodien activos de la república venezolana, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, aseguró conservar ahora su confianza en la justicia británica.
«Mis expectativas son que la Corte de Apelación en el Reino Unido seguirá con la tradición de independencia jurídica en un paradigmático imperio de la ley, tal como se dio el ejemplo en la Corte Superior en julio», dijo a la AFP.
Su campo siempre afirmó querer únicamente «resguardar el oro de la reserva nacional para el pueblo venezolano» y que el litigio sólo comenzó porque Maduro intentó repatriarlo.
Pero Sarosh Zaiwalla, otro representante legal del régimen bolivariano, advirtió que «el resultado de este caso podría amenazar la percepción internacional de que las instituciones inglesas están libres de interferencia política, así como a la reputación del Banco de Inglaterra en el extranjero como depósito seguro de activos soberanos».
Instrucciones contradictorias
El Banco de Inglaterra, que custodia este oro en sus cámaras acorazadas como hace para muchos otros países, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela.
Este, presidido por Calixto Ortega, lleva intentando sin éxito recuperar los lingotes, valorados en más de mil millones de dólares, desde octubre de 2018, mucho antes de que surgiera la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano. Y esta ha pedido a Londres que no entregue los fondos asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos de un régimen que califica de «cleptócrata».
Así, el Banco de Inglaterra afirma encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.