Imelda Cortez es una joven madre a punto de cumplir 21 años de edad que podría pasar los próximos 20 en la cárcel por causa de las estrictas medidas contra el aborto de El Salvador. Aunque nunca ha abortado.
El 17 de abril de 2017 la joven dio a luz a una niña producto de una violación a manos de su padrastro, Pablo Henríquez, de más de 70 años de edad.
Cortez, sin embargo, asegura que no sabía que estaba embarazada, pues además de amenazarla para que no denunciara los abusos que empezaron cuando ella nada más tenía 12 años, su padrastro le había asegurado que ya «no podía pegar hijos».
Y fue así como una tarde abril, aquejada de fuertes dolores de vientre, la joven se dirigió a la letrina de su humilde casa de Jiquilisco, una zona rural del departamento de Usulutlán, donde se produjo el parto.
El bebé terminó entre los excrementos y la madre en el hospital. Y más de un año y medio después, un juzgado local se prepara para determinar si la joven es o no culpable de «homicidio agravado tentado», como asegura la Fiscalía General del más pequeño de los países centroamericanos.
El argumento de los fiscales salvadoreños es que Cortez ocultó el embarazo con la intención de matar a su bebé, lo que luego trató de hacer arrojándola a la fosa séptica de su casa.
Su defensa, sin embargo, habla de «negación de embarazo», un trastorno ampliamente documentado en la literatura médica que en el caso de Cortez también se explicaría por los recurrentes sangrados vaginales que padeció hasta el día del parto.
El caso de Imelda Cortez se ha vuelto emblemático de la lucha de las salvadoreñas en contra de las estrictas leyes y políticas que rigen su vida sexual y reproductiva.
«Es (un caso) grave porque el Estado, lejos de comprender su posición de víctima, la criminaliza», le dice a BBC Mundo Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, que ha estado siguiendo de cerca el caso.
«Pero además es también paradigmático porque aun cuando nos parece aberrante, no es el único caso (de mujeres salvadoreñas criminalizadas por emergencias obstétricas)», agregó Martino.
El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar las circunstancias.
Y las mujeres que por alguna razón no llevan a término sus embarazos, o tienen a sus hijos fuera del hospital, a menudo son tratadas como criminales.
«Hay cientos de mujeres que en las últimas dos décadas, desde que existe la interrupción absoluta del embarazo en El Salvador, han sido procesadas en una gran cantidad de casos por sufrir emergencias obstétricas; en una gran cantidad de casos, mujeres pobres, mujeres en situación de extrema vulnerabilidad», señala Martino.
Y según el portal guatemalteco Nómada.gt, en El Salvador al menos «24 mujeres que sufrieron complicaciones obstétricas, partos extrahospitalarios y abortos espontáneos, están cumpliendo condenas de hasta 30 años por homicidio».
Sangrados recurrentes
En el juicio que empieza este lunes en el juzgado de primera instancia de Jiquilisco, el jurado seguramente escuchará que en su momento Cortez fue informada de su embarazo por un médico a la que su madre la llevó luego de un desmayo.
«Yo no creía que estaba embarazada, porque yo manchaba (…). Yo siempre manchaba todos los meses», le aseguró sin embargo Cortez a la revista salvadoreña Fáctum.
«Me había metido en la mente que no podía salir embarazada», agregó la joven, quien según un peritaje psicológico presentado por la defensa padece además de un leve retraso cognitivo.
Según sus abogados, lo que la joven confundió con la menstruación pueden haber sido sangrados obstétricos patológicos, que se pueden producir al momento de la implantación del embrión o como producto de infecciones, entre otras razones.
Sus defensores además insisten en que también hay que considerar el contexto de abuso y violencia que puede haber provocado la condición que en medicina se conoce como «negación del embarazo» o «embarazo negado».
«Negación del embarazo»
Efectivamente, no es imposible que una mujer esté encinta sin llegar a asumirlo, a veces hasta el momento del parto.
«La negación del embarazo es una condición importante que es más común de lo esperado», se afirma en un artículo publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine en julio del 2011 y citado por Fáctum.
Según el escrito, que resume los principales estudios sobre el tema, este trastorno registra una incidencia, a las 20 semanas de gestación, de aproximadamente 1 en 475 casos, mientras que «la proporción de casos que persisten hasta el parto es de aproximadamente 1 en 2.500».
«Esta condición presenta retos legales y éticos que requieren de un enfoque multidisciplinario cuidadosamente considerado», aseguran sus autores, Angela Jenkins, Simon Millar y James Robins, quienes entre sus posibles consecuencias destacan problemas psicológicos, partos extrahospitalarios y neonaticidios.
En contraste, para los fiscales salvadoreños, la negación del embarazo de Cortez es sólo una prueba más de su alevosía y culpabilidad.
«La negativa de Imelda Isabel, de haber dado a luz, y posteriormente aceptar dar información donde se encontraba la recién nacida, así como justificar que no sabía que estaba embarazada durante nueve meses y tirar a la bebé a la fosa, son acciones, entre otras, que la FGR, considera que se configura el delito de homicidio agravado tentado», aseguró el Ministerio Público en una nota de prensa.
Y el cercenamiento del cordón umbilical también es visto con sospecha por la fiscalía, aunque numerosos especialistas han declarado que el mismo pudo romperse por el peso del bebé al momento del inusual parto.
«Fue la imputada quien cortó el cordón umbilical que estaba adherido al feto de la recién nacida», aseguró durante la audiencia inicial del caso la fiscal Joselyn Alejandrina Bermúdez Hernández.
Desmayada
La versión de Cortez, sin embargo, es que después de más de una semana de no defecar, se dirigió a la letrina padeciendo de lo que creía eran fuerte dolores de colón.
«Como a las 5:00 [de la tarde] que me sucedió eso, ya sentía fuertes los dolores. Me dieron ganas de ir a hacer del dos y entré al baño. Medio sentí que me quité la ropa y medio me senté en la taza, cuando sentí que algo se me fue para la fosa», le contó a Fáctum.
«Quedé sangrando demasiado. Ya había llegado mi mamá de trabajar y yo le grité: ‘¡Mamá, estoy sangrando!'», recuerda en la entrevista.
«Mi mamá le fue a hablar a la cuñada de ella. Y lo que hicieron fue que le fueron a hablar al vecino del carro y a mí me cambiaron. En lo que me empezaron a subir al carro, me desmayé. Yo vine a reaccionar hasta que ya estaba en la camilla del hospital, cuando ya me estaban subiendo a la camilla del hospital», contó.
Una vez ahí, la doctora que la atendió observó signos de parto. Y cuando la madre de Cortez le entregó la placenta expulsada por su hija ya no tuvo dudas.
Y siguiendo el protocolo para las mujeres que tienen partos extrahospitalarios y llegan al hospital sin el bebé, la médico residente a cargo llamó a la policía paraalertar sobre un caso de sospecha de aborto.
«La profesional de la medicina la interrogó sobre el lugar dónde había dado a luz, la imputada lo negó, pero posteriormente aceptó, justificando ‘que sintió que le salió algo cuando estaba en el servicio'», se resume en la nota de prensa de la Fiscalía General de la República.
«El centro hospitalario informó a la policía sobre el caso, por lo que agentes policiales y soldados inspeccionaron la fosa séptica en la vivienda de la imputada (…) Tras quitar la base de la fosa, logran escuchar el llanto de la recién nacida, y auxiliándose de una lámpara, logran ubicarla llena de heces y de un polvo blanco, al parecer cal», agrega la misma.
La niña fue trasladada inmediatamente al hospital y ahora crece, sana, bajo el cuidado de su bisabuela.
Pero la justicia de un país que dice poner en primer lugar el bienestar de los niños, hasta el punto de protegerlos incluso cuando aún no han nacido, podría terminar haciendo que crezca lejos de su madre, en caso de ser declarada culpable.
«La meta que yo llevo es seguir estudiando y trabajar para la niña. Es una meta que llevo y, primero Dios, la voy a lograr, porque tengo que olvidar todo esto que ha pasado. Mi meta es seguir estudiando y trabajar y cuidar a la niña, porque la niña no tiene la culpa de lo que a mí me pasó», le dijo Cortez a Fáctum en octubre.
El juzgado de primera instancia de Jiquilisco será el que decidirá si tiene derecho a intentarlo.