Los tenores enmudecieron en la ópera de Barcelona y las máquinas se detuvieron en la enorme fábrica automovilística de SEAT en el municipio de Martorell. Al llamado de los independentistas, Cataluña funcionaba este viernes a medio gas.
«Función cancelada por motivos de fuerza mayor» se leía en las puertas del Teatro del Liceo de Barcelona, donde esta noche estaba programada una representación futurista de ‘Turandot’.
«Todo se para en reacción a la injusticia de la sentencia contra los políticos, condenados a penas durísimas de 9 a 13 años de cárcel, como (si fueran) unos asesinos», explica Ramon Paradada, un estudiante de 23 años.
Esta «huelga general» fue convocada en la quinta jornada de movilización contra la condena el lunes de nueve dirigentes separatistas a penas de 9 a 13 años de cárcel por el intento de secesión de 2017.
«Utilizamos Barcelona como un megáfono: ningún turista puede ignorar que nos movilizamos, esperamos que todo esto conmueva un poco a Europa pero hasta ahora nos ha decepcionado bastante», añade Ramon en esta ciudad sobrevolada por un helicóptero y bajo fuerte vigilancia policial.
Este aspirante a ingeniero empezó su protesta desde la mañana con una manifestación junto a 14.000 otros estudiantes.
Al mismo tiempo, familiares suyos de Vic, situada a 70 km al norte, alcanzaban la capital regional a pie con una larga hilera de caminantes independentistas salidos el miércoles de cinco ciudades catalanas tras haber provocado cortes en autopistas y carreteras nacionales.
Más de cincuenta vuelos fueron cancelados. Y si bien los cruceristas continuaban desembarcando en el puerto de Barcelona, dos buques de los 20 esperados para el fin de semana anularon su parada.
La gigantesca fábrica de SEAT en las afueras de Barcelona decidió detener su producción. Y un 30% de los funcionarios públicos se unió a la huelga, según la administración regional gobernada por los independentistas.
– «Sin rendición» –
El monumento más visitado de Barcelona, la basílica aún en construcción de la Sagrada Familia, cerró a mediodía cuando los manifestantes acamparon delante.
Las tiendas de lujo del emblemático paseo de Gracia todavía se llenaban de turistas extranjeros aunque el alquitrán fundido en diferentes puntos y el olor a plástico quemado recordaba las barricadas que ardieron en la víspera durante la cuarta noche de enfrentamientos entre jóvenes manifestantes y policía.
«La unidad de España está por encima de todo (en Madrid), incluso de los derechos fundamentales», dice Jaume Enrich, abogado jubilado en una manifestación.
En su camiseta lucía un imperdible con «no surrender» (sin rendición) comprado «en el pueblo de Amer, en la pastelería de los padres de Puigdemont», el expresidente catalán huido a Bélgica en 2017 al ser destituido por Madrid tras la fallida proclamación de independencia.
«Nos quieren sometidos del todo», protesta Paquita Corbacho, secretaria jubilada de 64 años. «Encierran a los dirigentes pero no pueden hacer callar al pueblo», añade.
«Hoy todo mundo va a ver que es un movimiento transversal, de todas las generaciones y todas las clases», insiste confiada.
«No hay jaulas para tantos pájaros», rezaba la pancarta sostenida por unos estudiantes reunidos alrededor de la plaza Universidad.
Pero la huelga no es total en esta región de 7,6 millones de habitantes, muy divididos sobre la cuestión de la secesión.
Eran las 08H00 en las turísticas Ramblas de Barcelona y Luis ya trabajaba en la coordinación de las luces de los semáforos.
«Mi mujer es catalana pero yo nací en el sur. El proyecto independentista lo entiendo pero no lo comparto. Todos los países se quieren unir y nosotros nos queremos separar», protesta este técnico.
«Mi mujer es independentista de izquierdas y mis hijos también. Lo han vivido desde que han nacido, el sentimiento de ser catalán, distinto. Es otro idealismo», añade.
También contrario a la secesión, un empleado con uniforme verde fluorescente, Jesús, de 49 años, barre las Ramblas mientras suspira: todo esto «es complicado, complicado».
«Este movimiento no va a llegar a ninguna parte ante un Estado que no lo va a aceptar», afirma.
AFP