La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó haber recibido una petición de investigación relacionada con altos cargos de Venezuela. Dijo que las evaluará con imparcialidad
Preguntada por la solicitud a la CPI por parte del abogado del opositor venezolano Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, para que investigue a ocho altos cargos del Gobierno de Venezuela, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía confirmó que ha recibido una comunicación «de un grupo que recientemente se reunió con representantes de la oficina de la Fiscalía».
Las mismas fuentes señalaron que no pueden dar detalles sobre la comunicación presentada «por razones de confidencialidad».
«La oficina analizará la información recibida con completa independencia e imparcialidad», añadieron las fuentes. Asimismo, subrayaron que «esto no significa que se haya abierto una investigación, ni que la oficina vaya a abrir una investigación».
Conforme establece el artículo 15 del estatuto de la CPI, el fiscal podrá iniciar de oficio una investigación, sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. Para ello, debe analizar la veracidad de la información recibida.
Si el fiscal llega a la conclusión de que hay fundamento suficiente para abrir una investigación, presenta una petición a la sala de cuestiones preliminares de la Corte.
En caso contrario, debe informar de ello a quienes hubieran pedido la apertura de una investigación, algo que no impide que en un momento posterior el fiscal examine otra eventual solicitud de investigación, a la luz de nuevos hechos o pruebas.
Juan Carlos Gutiérrez anunció en Madrid el miércoles la presentación de una solicitud a la Fiscalía de la CPI y detalló que el informe presentado incluye «evidencias» de una treintena de homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos en Venezuela, desde febrero de 2014 hasta la actualidad.
La Fiscalía de la CPI cuenta actualmente con otras dos peticiones de investigación, una de ellas interpuesta por diputados de Argentina, Bolivia y Perú, también por presuntos crímenes de lesa humanidad, y otra presentada por Colombia, por las deportaciones masivas con motivo de la crisis fronteriza que mantiene este país con Venezuela.
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