La justicia española retiró este jueves el delito de sedición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por su papel en la tentativa de secesión de 2017, tras la entrada en vigor de una controvertida reforma penal aprobada por el gobierno de izquierda español.
El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra el exlíder independentista «aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia», indicó el organismo en un comunicado.
Las penas a las que podría enfrentarse el ahora eurodiputado, y residente en Bélgica desde su marcha tras el fallido intento de secesión de 2017, en caso de ser finalmente juzgado en España serían, en consecuencia, mucho más bajas de las que se podían anteriormente.
El delito de sedición, principal cargo por el que la justicia española reclamaba la extradición de Puigdemont fue suprimido con esta reforma del Código Penal adoptada a finales de diciembre por el Parlamento.
El delito fue sustituido por el de «desórdenes públicos», que conlleva penas más suaves, pero esta nueva tipología no puede ser aplicada a Puigdemont, según estima el magistrado Pablo Llarena en su auto.
Presidente de Cataluña durante el intento separatista de esta dinámica región del noreste español en 2017, Puigdemont ahora es reclamado únicamente por malversación de caudales públicos y desobediencia.
Esta controvertida reforma del Código Penal fue aprobada a finales de diciembre en el Parlamento en medio de una intensa polémica.
Impulsada por el gobierno socialista, que recibe el apoyo en Madrid de un sector de los independentistas catalanes, la modificación reduce, además, el castigo previsto para la malversación de fondos, en caso de que no haya ánimo de lucro personal.
Los nueve dirigentes secesionistas condenados a penas de 9 a 13 años de prisión por su implicación en el intento de independencia fueron culpados de un delito de sedición, y en algunos casos, también por malversación.
Indultados en 2021 por decisión el gobierno del socialista de Pedro Sánchez, que hizo de la distensión en Cataluña una de sus prioridades tras su llegada al poder en 2018, sus condenas de inhabilitación están todavía vigentes y podrían revisarse tras la entrada en vigor de la nueva reforma.