Un juez estadounidense suspendió temporalmente la ley polémica en Texas que permitiría a las autoridades detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar irregularmente a Estados Unidos.
La medida, conocida como SB 88-4, estaba programada para entrar en vigor el lunes, pero fue suspendida tras una demanda presentada por grupos de defensa de los derechos civiles encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Estos grupos argumentan que la ley es inconstitucional y viola la ley federal sobre inmigración.
La ley, promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, permitía que los oficiales de policía arrestaran a individuos sospechosos de ingresar irregularmente al país y tuvieran la discreción de expulsarlos a México sin un debido proceso legal. Además, convertía en delito menor el ingreso irregular al estado desde una nación extranjera.
Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló que la decisión del tribunal federal confirma la ilegalidad de la medida, mientras que Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, enfatizó la necesidad de reformas a nivel federal para abordar el sistema de inmigración.
Joe Biden y Donald Trump en la frontera
La suspensión de la ley llega en un momento crucial, ya que tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump se encuentran en la frontera sur de Texas este jueves para abordar la situación migratoria como parte de sus campañas electorales.
Mientras Biden se reúne con autoridades locales en Brownsville, Trump está en Eagle Pass, respaldando las medidas tomadas por Abbott.
La decisión de la corte federal del Distrito Oeste de Texas ha generado un debate acalorado, especialmente entre los defensores de los derechos civiles y los partidarios de medidas más estrictas sobre inmigración. Se espera que el gobierno de Texas apele la decisión, lo que podría prolongar la disputa legal.
Autoridades locales, como el gobierno de El Paso, han mostrado su oposición a la ley, argumentando que impondría cargas financieras indebidas y podría resultar en violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos. EFE