En medio de las incesantes protestas en todo Israel y de los llamamientos continuos de la oposición, el Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de la reforma al sistema judicial hasta finales de julio.
El partido político Otzma Yehudit publicó un comunicado, citado por la prensa local, según el cual el líder de esa facción y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, acordó con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, postergar la aprobación de la reforma hasta la próxima sesión de verano de la Knéset (Parlamento israelí).
Por su parte, en sus declaraciones Netanyahu dijo que la decisión de retrasar la tramitación de la reforma judicial proviene de la «voluntad de alcanzar un amplio consenso».
Además, en el marco del pacto y como un paso para mejorar la gobernabilidad, las partes acordaron que el establecimiento de la Guardia Nacional bajo el Ministerio de Seguridad Nacional sería aprobado en la próxima reunión del gabinete.
«Acepté levantar el veto para el aplazamiento de la aprobación de la ley a cambio del compromiso del primer ministro Benjamín Netanyahu de que la legislación se lleve a la Knéset para su aprobación en la próxima sesión, en caso de que durante el receso no se alcancen los respectivos acuerdos», dijo Ben-Gvir.
La prensa israelí reporta que el ministro de Seguridad Nacional amenazó con renunciar al cargo si Netanyahu decidía aplazar la aprobación del proyecto de ley hasta después del receso del Parlamento, programado entre el 2 y el 30 de abril. Algunos miembros de la coalición gubernamental esperaban que la ley fuera aprobada antes de las vacaciones parlamentarias.
La decisión de establecer la Guardia Nacional bajo el mando de la cartera dirigida por Ben-Gvir ha sido duramente criticado por otros partidos políticos y sectores del país. Los opositores consideran que Netanyahu está «organizando un ejército privado» y «vendiendo la seguridad» de la nación «solo por su supervivencia política», por lo que instan a seguir con las protestas.
En ese contexto, durante esta jornada se llevan a cabo manifestaciones a favor y en contra del Gobierno en diferentes ciudades israelíes.
- El proyecto de reforma prevé otorgar al Ejecutivo israelí una influencia decisiva en la selección de los jueces, así como limitar el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Gobierno.
- Los críticos consideran que esto debilitaría en gran medida la independencia del poder judicial, dado que Israel no tiene una Constitución, sino solo una comisión del Parlamento, controlada por la coalición gubernamental, para dirimir estos asuntos.