La Justicia ecuatoriana recibió el miércoles un jarro de agua fría con la notificación de Interpol de que no procederá al arresto del expresidente Rafael Correa, requerido por su presunta implicación en el caso de secuestro de un político opositor en 2012.
El exmandatario, en una entrevista con Efe, calificó la decisión de «humillación» para su país, toda vez que es reflejo de la «persecución» que él y sus seguidores están sufriendo supuestamente a manos del nuevo Gobierno de Lenín Moreno.
La notificación fue anunciada por la Corte Nacional de Justicia, que alega que es aún susceptible de «revisión», si bien el expresidente aseguró que es «final».
«El 5 de diciembre de 2018, a las 10:35 (15:35 GMT), la jueza nacional Daniella Camacho recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica», según un comunicado.
Tras meses de espera, la Interpol argumentó que «la retención de los datos» en el Sistema de Información del organismo «no era compatible con la obligación (…) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos», precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos.
Ecuador espera la argumentación
Fuentes judiciales dijeron a Efe que por el momento no se ha recibido el documento con la argumentación legal completa del caso, sino meramente una notificación.
Notificación con la que el organismo policial internacional, con sede en Lyon, ha rechazado la «difusión roja» solicitada por la Justicia ecuatoriana para la localización y arresto del expresidente, que reside en Bélgica desde junio de 2017, poco después de dejar el poder en manos de sus sucesor y ahora rival político, Moreno.
La Corte ecuatoriana ha respondido que se trata de una decisión «que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Comisión de Ficheros de Interpol» y que «está sujeta a revisión, conforme lo señala el artículo 42 del mismo estatuto».
El pasado 7 de noviembre la jueza Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio a Correa y otros tres procesados más por el delito de secuestro del exasambleísta Fernando Balda en Bogotá, capital de Colombia.
Al dictaminar el procesamiento, la magistrada reiteró su solicitud a Interpol para la captura del expresidente con fines de extradición al país, petición que ya había sido cursada una primera vez por violación de medidas cautelares.
Correa lo niega todo
En entrevista telefónica desde Bruselas, Correa, que ha negado su implicación en los hechos, valoró para Efe la decisión como «una humillación y una vergüenza para el país».
Y aunque plenamente satisfecho, subrayó que ese rechazo también apunta a la «grave situación del Estado de derecho» en Ecuador, donde dijo no hay siquiera una «corte constitucional».
«La patria no les importa», afirmó de los integrantes del Gobierno de Moreno, a quien acusa de haber «desmantelado el estado de derecho» e iniciado una «represión».
Agregó que «es muy grave para Ecuador que Interpol haya rechazado el pedido de la justicia por atentar contra los derechos humanos», porque significa, a su juicio, que «el Estado de derecho no pasa el escrutinio internacional».
En ese sentido, ve en la decisión de Interpol «el principio del fin», porque su resolución dice que le servirá para apelar a otras instancias internacionales en busca de protección, entre ellas las del sistema interamericano.
«Los derrotaremos en todas las instancias internacionales», subrayó el exmandatario, que también acusó a la «prensa corrupta» de jugar a manos del Gobierno.
Por su parte, el exasambleísta Balda calificó como «infausta noticia» la decisión de Interpol y afirmó que «resta credibilidad» a la organización.
«Es lamentable esta infausta noticia que nos da Interpol. Pareciera que se pretende desacreditar al sistema judicial ecuatoriano, pero a su vez resta credibilidad a la misma Interpol», dijo el político en una rueda de prensa en Quito.
Balda, objeto del secuestro que lleva a juicio a Correa, dijo que la resolución solo «favorece que un prófugo de la justicia parezca un perseguido político».
«No dudamos que haya existido influencias a Interpol fuera del marco de la legalidad», apuntó en su análisis de la decisión, reseña El Periódico