Una Misión Internacional de Investigación a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
En su punto 2005 el informe concluye: «La Misión tiene motivos razonables para creer que el Presidente Maduro, dada su posición de autoridad y control efectivo sobre la DGCIM, y el sistema de denuncia existente, tenía conocimiento de las violaciones cometidas en la DGCIM contra militares disidentes y asociados, en particular, actos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y no ha adoptado las medidas necesarias para impedir que se produzcan esos actos o para sancionarlos. En varios casos existe información fidedigna de que participó directamente,
ordenando o instigando determinados actos delictivos.»
El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información «que demuestra que las autoridades del Estado – tanto a nivel presidencial como ministerial – ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados».
El patrón que han seguido las violaciones de derechos humanos y crímenes registrados en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes de guerra, afirma el informe presentado hoy por la Misión Internacional de Investigación a la que la ONU encargó investigar lo ocurrido en este país.
Los crímenes identificados «fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes de guerra», han concluido los investigadores que integran la Misión de carácter independiente.
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.
«Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes», denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
EFE