Centenares de personas se manifestaron este viernes en el centro de Santiago de Chile para pedir la renuncia del presidente del país, Sebastián Piñera, así como la liberación de los presos detenidos durante el estallido social contra la desigualdad que comenzó en octubre de 2019.
La marcha fue convocada a través de redes sociales de manera anónima, haciendo un llamado a protestar con todos los medios posibles para echar a Piñera y pedir el indulto para los detenidos, que los convocantes consideran «presos políticos», y derivó en enfrentamientos con la Policía, destrozos de mobiliario urbano y saqueos.
A diferencia de ocasiones anteriores, en las que el epicentro de la concentración es la Plaza Italia de la capital, esta vez el grueso de los manifestantes acudieron a las inmediaciones de la sede del Gobierno, el Palacio de la Moneda.
La protesta fue alentada también por las Juventudes del Partido Comunista, que a través de Twitter señalaron que «este Gobierno ya no tiene legitimidad alguna para seguir decidiendo los destinos del país» y llamaron a la gente a acudir a la Moneda para «sacar a Piñera».
Durante el desarrollo de la protesta, un grupo de personas saqueó una sucursal del banco Scotibank cercana a La Moneda, mientras que también se reportó el incendio de una parada de autobús urbano y lanzamiento de cócteles molotov contra agentes policiales.
También se registraron barricadas incendiarias y según la emisora de radio local Cooperativa un hombre de unos 50 años fue golpeado por manifestantes bajo la sospecha de que era un policía infiltrado.
La circulación de vehículos en las calles tuvo que ser cortada y varias paradas de la red de Metro fueron cerradas por precaución.
El cuerpo policial de Carabineros actúo con gases lacrimógenos y con camiones lanza aguas para dispersar la manifestación, menos numerosa y más atomizada que en otras ocasiones pero que se alargó varias horas.
Las protestas sociales de Chile comenzaron el 18 de octubre de 2019 y en sus primeros meses aglutinaron a decenas de miles de personas contra la desigualdad socioeconómica del país, al tiempo que se produjeron eventos de extrema violencia con incendios, destrozo de mobiliario y saqueos, dejando una treintena de muertos y miles de heridos.
Fueron disminuyendo durante el verano austral y se suspendieron con la llegada de la pandemia en marzo, pero las demostraciones espontáneas volvieron a este punto emblemático de la capital tras el fin de la cuarentena.
La apertura de un proceso constituyente en el pasado plebiscito del 25 de octubre era vista como la solución para una gran parte de los manifestantes, por considerar que es la vía que permitirá establecer un nuevo modelo de país que desate el corsé neoliberal que ampara la actual Carta Magna, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, las protestas han continuado con diferentes reclamos, como la renuncia de Piñera y la exigencia de la liberación de las personas detenidas durante estos meses de agitación.
Desde octubre del año pasado, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las marchas, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.
El Gobierno, hasta el momento, ha rechazado indultar a quienes cometieron delitos durante la ola de protestas porque, en su opinión, implicaría «justificar la violencia».EFE