El otrora máximo responsable de Inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el general Hugo Armando Carvajal, se encuentra en una carrera contra el reloj para intentar abortar su extradición a EEUU, que ya tiene todas las venias de la Audiencia Nacional y el visto bueno del Gobierno.
En ese contexto, pidió declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la semana pasada sobre asuntos de terrorismo internacional que pudieran ser de interés para la Justicia española, pero no solo: dejó dos acusaciones graves que aún no ha acreditado y que conciernen a los dos partidos que sustentan el Gobierno de España, responsable último de la entrega.
Según las distintas fuentes conocedoras consultadas por este diario, en su exposición dejó caer que tenía conocimiento de cuanto rodeó las relaciones entre España y Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, en ese sentido, que conocía y podía acreditar que hubo irregularidades en la fase en la que Miguel Ángel Moratinos, al que mencionó por su apellido, fue ministro de Exteriores.
No es una etapa cualquiera. El ahora alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones fue ministro entre 2004 y 2010, los años de los grandes contratos de empresas españolas con Venezuela. Desde la venta en 2005 de ocho fragatas españolas por 1.245 millones de euros, que se ha estado investigando durante una década hasta concluir que hubo comisiones pero las pagaron arcas venezolanas; hasta la adjudicación a Duro Felguera por 2.000 millones de dólares de una central térmica que sigue por lo mismo bajo la lupa de la Audiencia Nacional.
En medio, la crisis del célebre «¿Por qué no te callas?» que lanzó Don Juan Carlos, todavía Rey de España, a Hugo Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de 2007 y que, una vez reconducida Exteriores mediante, se acabó saldando con grandes contratos a empresas españolas. Es también la fase del embajador político Raúl Morodo, imputado, como su mujer, su hijo y su nuera, entre otros, por un presunto desfalco a Pdvsa mediante falsos contratos de asesoría que habrían arrancado al poco de cesar él en el cargo. Morodo, no obstante, no salió a relucir en la declaración del Pollo.
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