La incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernador de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo Rosselló que será efectiva mañana se agudizó hoy luego de que la Cámara Baja y el Senado se citaran en días distintos para confirmar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y que así pueda ocupar la Gobernación.
Las dudas parten de la decisión de la Cámara de Representantes de citar a votación mañana viernes, cuatro horas antes de que se formalice la dimisión de Rosselló, mientras que el Senado aplazó hasta el próximo lunes la vista de confirmación de Pierluisi.
Por mandato constitucional, el secretario de Estado es a quien le corresponde ocupar la Gobernación en caso de vacancia.
El pasado 24 de julio Rosselló renunció en medio de protestas por la publicación de un polémico chat en el que él y asesores del Ejecutivo se burlan e insultan a varios colectivos como el LGTB, mujeres, artistas, periodistas y políticos, entre otros.
Los interrogantes surgen de la interpretación que los propios legisladores, analistas, abogados y medios locales hacen de la Constitución de Puerto Rico y de una enmienda a la Ley 7 de 1952 que establece la sucesión al cargo de gobernador.
La Carta Magna señala que un secretario de Estado que no haya sido confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes puede ejercer funciones como gobernador interino si se produce la ausencia transitoria del gobernador.
Tras la reunión de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, dijo en una conferencia de prensa que el solo hecho de que una de las dos Cámaras rechace la propuesta de Pierluisi como secretario de Estado, no le permite ser gobernador.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera, dijo que la Constitución «claramente establece las facultades y prerrogativas del gobernador, la legislatura, y la rama judicial».
«Atiende de manera específica los asuntos cuando ocurre una vacante de manera temporal o de forma absoluta como ocurre en estos momentos en Puerto Rico«, advirtió Rivera.
A su vez, y durante su intervención en la sesión de hoy jueves del Senado, Rivera dijo que «no hay crisis constitucional ya que Pierluisi ya fue juramentado» ayer, a falta de su confirmación hoy, que finalmente no se ha llevado a cabo.
Sin embargo, no respondió a preguntas de los senadores de la oposición, de quien se haría cargo de la gobernación.
El propio Pierluisi, quien se acercó al Senado a escuchar la intervención del presidente de la Cámara Alta, dijo a los medios que se «estará evaluando desde el punto de vista legal» quien debe ser el gobernador con la situación creada y que «ya se verá a medida que se desarrollen los acontecimientos».
Nada más conocerse la decisión de ambas Cámaras de aplazar la confirmación, en días distintos, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, indicó que estaba «atenta» al proceso que se seguía en el Capitolio, en San Juan.
«Seguiremos realizando nuestra función. Mi renuncia no está contemplada. De llegar el momento, asumiremos la responsabilidad que impone la Constitución y la Ley», precisó Wanda Vázquez a través de Twitter, a quien le correspondería ocupar la Gobernación si finalmente Pierluisi no es aceptado como secretario de Estado.
Ambos levantan dudas entre los legisladores por presunta obstrucción de la justicia por los vínculos laborales del bufete de abogados en el que trabajaba hasta este miércoles Pierluisi, O’Neill y Borges, con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos.
Por otro lado, el secretario de la Gobernación de la isla, Ricardo Llerandi, indicó que el gobernador se mantiene «firme» en su decisión de formalizar la renuncia este viernes a las 17.00 hora local (21.00 GMT).
Ante la posibilidad de que no lo hiciera y a preguntas de los periodistas, el presidente de la Cámara de Representantes indicó que si no dimitiera se volvería a activar el proceso de «residenciamiento» (juicio político) en su contra.
Por otro lado, desde el sector privado se pidió urgencia para que la Asamblea legislativa tome una decisión sobre el nuevo secretario de Estado.
El presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Emilio Colón, expresó la necesidad de que la Asamblea Legislativa tome «acciones para restaurar el orden público, la confianza y la credibilidad de Puerto Rico ante el Gobierno Federal» y pidió que se de el consentimiento a Pierluisi por su experiencia en el sector público y privado.
Por último, la sección de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR) recordó, por su parte, que dilatar esta confirmación podría tener un impacto adverso en la industria de la construcción y la economía de la isla.