Luego de que en Venezuela Juan Guaidó ordenara liberar al líder opositor Leopoldo López, el país caribeño comenzó con lo que se denominó la «fase final de la Operación Libertad». Ante el alzamiento de varios grupos de militares, el régimen de Nicolás Maduro ordenó una feroz represión destinada a sofocar el intento de avanzar en la normalización constitucional.
La situación fue seguida de cerca por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, que hoy mantuvieron teleconferencia y se declararon «en sesión permanente». En ese sentido, los cancilleres decidieron que se reunirán el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima (Perú) para analizar la crisis.
Tras las deliberaciones, emitieron un comunicado en el que expresaron su pleno respaldo «al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del Presidente Encargado, Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela; y rechazan que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado».
Los cancilleres exigieron «el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, y en particular, de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como la liberación inmediata de los presos políticos».
Además, renovaron su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela «para que manifieste su lealtad al Presidente Encargado, Juan Guaidó, en su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma; y para que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos».
El Grupo de Lima conminó a Nicolás Maduro «a cesar la usurpación, para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela». Además, advirtieron sobre la responsabilidad directa de Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.
Por último, instaron a la comunidad internacional a seguir con atención la evolución de los acontecimientos y a ofrecer su apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y libertad, sin la opresión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro.