El Gobierno de Venezuela se mantiene en silencio tras la detención de un ahijado y un sobrino de Cilia Flores, la del presidente Nicolás Maduro, quienes fueron imputados por un tribunal de Estados Unidos con cargos de conspiración para introducir casi una tonelada de cocaína a ese país.
Efraín Antonio Campo Flores, ahijado del mandatario venezolano, y Francisco Flores de Freitas, quedaron detenidos sin fianza en Nueva York y a la espera de volver a comparecer el 18 de noviembre, tras su presentación este jueves ante el juez James L. Cott.
Campo Flores y Flores de Freitas, sobrinos de la primera de Venezuela, Cilia Flores, fueron detenidos el martes en la capital de Haití y entregados a agentes de la Oficina Antidrogas de EE.UU. (DEA, en ingles), que los trasladaron a Nueva York acusados de intentar transportar a ese país 800 kilos de cocaína.
Según la Fiscalía estadounidense, los detenidos participaron en varios encuentros durante octubre para organizar el envío de un cargamento de droga a través de Honduras.
La detención tuvo lugar cuando Maduro y Flores se encontraban en Arabia Saudí, a donde viajaron para participar en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los Países Árabes (ASPA).
El del mandatario y la primera dama continúo en , donde el gobernante intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Antes de viajar a Ginebra, tras la detención de los dos jóvenes, Maduro afirmó en su cuenta de Twitter que su país seguiría «su camino» pese a lo que consideró «emboscadas imperiales», sin referirse directamente al caso.
«La Patria seguirá su camino. Ni ataques, ni emboscadas imperiales podrán con el Pueblo de los Libertadores, tenemos un solo destino..Vencer», sostuvo en la red social.
Por su parte, la segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, la oficialista Tania Díaz, desestimó las informaciones que se han difundido sobre dichas detenciones y señaló que se trata de una estrategia para tapar la lucha del gobernante.
«Qué casualidad que ocurre esta divulgación de esa supuesta información en momentos en que el presidente Maduro fue a Arabia Saudita a pelear, a batallar por el precio del petróleo que nos da de comer a todos los venezolanos», dijo la candidata a la reelección en los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.
Díaz comentó, además, que Maduro estaba «dando la cara» en las Naciones Unidas después de que el país fue admitido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo y comentó que consideraba una «casualidad» que se divulgara «una cuestión como esta en un momento en que está ocurriendo eso».
La diputada aseguró que la DEA «no ha ratificado esa supuesta información» y los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia han hablado con base en «suposiciones».
Por su parte, el alcalde del municipio caraqueño de Libertador y jefe del comando de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez, dijo, sin hacer alusión al tema, que «el enemigo va a recurrir a toda la suciedad de la que es capaz» y a todas las «formas de guerra sucia» para enlodar a Maduro.
«Por eso aquí les pido que de pie aplaudamos a nuestra hermana, la próxima diputada por lista por el estado Cojedes (centro) Cilia Flores», que se postula como candidata a legisladora en las próximas parlamentarias.
La primera dama de Venezuela, que crió a su sobrino Antonio Campo Flores, de 29 años, y es también tía del otro detenido, Francisco Flores de Freitas, tampoco se ha pronunciado sobre el tema.
Mientras, la plataforma opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió al parlamento designar una comisión para investigar la detención de los familiares de Maduro y Flores, que, según medios, viajaron con pasaportes diplomáticos y en una aeronave de la que aún se desconoce el dueño.
«Es necesario que el parlamento venezolano designe una comisión que vaya a EE.UU. a investigar lo que ha ocurrido e incluso, si es preciso, a ver qué necesidades tienen esos connacionales», dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
«Aquí hay que investigar el uso de pasaportes diplomáticos, de quién es esa aeronave», añadió el vocero opositor que aseguró que la organización que representa no juzgará a los jóvenes y que cree en el principio de «presunción de inocencia».
Torrealba pidió que se haga «un juicio de verdad» y no procedimientos como los que, aseguró, se han llevado a cabo contra los opositores Leopoldo López, Antonio Ledezma, y Manuel Rosales, el primero condenado a casi 14 años de prisión y los dos últimos con procesos abiertos, todos por delitos comunes, pero que la oposición denomina «presos políticos».
Nélida Fernández/EFE