El gobierno español, que busca exhumar al dictador Francisco Franco de su mausoleo, lanzó el viernes un ultimátum de quince días a la familia para que elija un lugar alternativo donde enterrarlo de nuevo, o de lo contrario el propio gobierno lo decidirá.
«Hay 15 días de plazo que se ha otorgado a la familia para que la familia decida dónde quieren ubicar los restos óseos del dictador», declaró la ministra de Justicia, Dolores Delgado, puntualizó AFP.
Si los descendientes de Franco, que gobernó España con mano de hierro desde 1939 hasta su muerte en 1975, no acuerdan un lugar o no contestan el ultimátum, el gobierno elegirá el sitio para reinhumarlo, precisó.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez, que cumple sus últimas semanas luego de que fueran convocadas este viernes elecciones para el 28 de abril, ha hecho de la exhumación de Franco del monumental mausoleo donde yace, en el Valle de los Caídos, a unos 50 km al noroeste de Madrid, una de sus prioridades desde que llegó al poder en junio.
Pero el proceso se ha retrasado por obstáculos, principalmente por la oposición frontal de los siete nietos del dictador gallego, vencedor de la Guerra Civil española (1936-39).
Sus descendientes quieren que cuando los restos del dictador salgan del mausoleo vayan a parar a la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, donde está enterrada la hija de Franco en una cripta privada.
Pero esta opción es descartada por el gobierno español, que quiere reinhumarlo en un lugar más discreto, de manera que no goce de una «tumba de Estado» donde sus nostálgicos van a decorarla con flores. De allí que le ha pedido a la familia buscar un lugar alternativo.
La Fundación Nacional Francisco Franco, que defiende la memoria y las políticas del «caudillo», anunció la tarde del viernes en un comunicado que recurrirá la exhumación ante el Tribunal Supremo, lo que podría dejarla en suspenso.
La fundación explicó que lo hace ante «el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades» del gobierno socialista en su gestión para lograr la exhumación, que a su juicio busca ser «una nueva pantomima con fines electoralistas, no de interés general y por el bien común de los españoles».