Los abogados que representan a un grupo de 26 niños y adultos migrantes venezolanos contra el Estado de Trinidad y Tobago han logrado impedir que las autoridades los repatríen una segunda vez.
Este es el resultado de una audiencia de emergencia que terminó a última hora de este miércoles y en la que la jueza del Tribunal Supremo Avason Quinlan-Williams otorgó una orden judicial para detener una segunda deportación en espera del resultado de una demanda sustantiva.
El grupo, entre los que se encuentra un bebé de 4 meses, había sido expulsado por mar por las autoridades trinitenses el domingo pasado, horas antes del inicio de un juicio en el que iban a pedir su estancia en la isla.
Tras estropearse el motor de la barca y estar dos días sin saber de su paradero, la justicia de Trinidad y Tobago ordenó su regreso al país.
Quinlan-Williams también ordenó que el grupo entre en cuarentena obligatoria durante 14 días antes de ser puestos en libertad.
Se espera que los venezolanos sean transportados al centro de detención de migrantes en el helipuerto de Chaguaramas -noroeste de Trinidad- este jueves para cumplir su cuarentena y que luego sean puestos en libertad.
En la vista de la noche del miércoles el equipo legal de los migrantes alegó que las acciones de los funcionarios del Estado al deportarlos el domingo, violaban sus derechos constitucionales a la libertad, la protección ante la ley y el derecho a la privacidad y la vida familiar que están garantizados a cualquier persona dentro del país, incluidos los ilegales.
También alegaron que la acción violó varios tratados internacionales y la Política Nacional de Atención de Refugiados y Asilo, que fue creada en 2014 y no fue abolida.
El grupo ha sido sometido a las pruebas de la covid-19, resultando todos negativo.
El caso volverá a ser visto a última hora del viernes por la Justicia de Trinidad y Tobago.
El primer ministro critica a la comunidad internacional
El primer ministro trinitense, Keith Rowley, criticó este miércoles a la comunidad internacional por la controversia generada dado que la Organización de Estados Americanos (OEA), «bajo su equivocado (secretario general) presidente (Luis) Almagro ha sido casi el único responsable de desencadenar y alimentar la situación venezolana actual».
Opinó además, en una declaración pública, que se le ha declarado la guerra a Trinidad y Tobago por tener la «temeridad de no haberse unido a Elliot Abrams (enviado especial de EE UU para Venezuela) y al presidente Trump para forzar un cambio violento del régimen en Venezuela».
«Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, usando personas sin nombre y sin rostro armadas con niños inocentes para tratar de obligarnos a aceptar» el estatus de ‘refugiado'», agregó.
Además se preguntó cómo se puede esperar que «una pequeña nación insular de 1,3 millones de personas mantenga las fronteras abiertas con un vecino» de «34 millones de personas incluso durante una pandemia».
Amnistía Internacional: segunda oportunidad para hacer cosas bien
En un comunicado, Amnistía Internacional y otras 14 organizaciones que luchan por los derechos humanos han indicado en una carta abierta a Rowley, que el regreso del grupo deportado a Venezuela brinda a las autoridades de Trinidad y Tobago una segunda oportunidad para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de brindar protección a las personas que buscan seguridad del peligro.
«Las autoridades ahora deben reunir a los niños devueltos con sus familias sin demora, otorgarles acceso para solicitar asilo, realizar un cribado para determinar si han sido víctimas de trata y brindarles atención médica», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En una conferencia de prensa el martes pasado, el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, pareció sugerir que podrían haber sido víctimas de trata, subrayando la necesidad de que se sometan a pruebas de detección de conformidad con la Ley de Trata de Personas de la nación para identificar posibles víctimas de la trata y para Brindarles protección y reparación, recordó AI.
Young también indicó que los niños estaban siendo retenidos por las autoridades para evitar la propagación de la covid-19.
Pero, según AI, «incluso en medio de la pandemia, muchos países han logrado mantener abierto el acceso al asilo y al mismo tiempo han seguido estrictos protocolos de salud. La pandemia no puede utilizarse como excusa para negar la seguridad a quienes más la necesitan».
A su vez, remarcaron que los venezolanos están huyendo de graves violaciones de derechos humanos que una reciente Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela designada por la ONU ha declarado que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
«A medida que la crisis humanitaria de Venezuela continúa empeorando, los gobiernos tienen la obligación de ayudar a quienes buscan protección en el extranjero, incluso en medio de una pandemia», afirmó Aviva Shwayder, oficial de comunicaciones de la organización Refugees International.
«Comenzando con la reunificación de estos niños con sus familias, el gobierno de Trinidad y Tobago puede y debe hacer mejor para las personas desplazadas dentro de sus fronteras», concluyó. EFE